El dirigente y periodista Raúl Laborda presentó en la justicia provincial una solicitud para que se investigue al gobernador Claudio Poggi por desdoblar los salarios de la administración pública cuando el Estado contaba con recursos suficientes para pagar en tiempo y forma.

Laborda solicitó que sea la justicia la que determine si el mandatario incurrió en la comisión de un delito al constituir plazos fijos con los fondos provinciales, en perjuicio de los trabajadores estatales.

“Había plata. El doble (de lo que necesitaba para pagar los salarios): el monto de los sueldos para diciembre de los empleados públicos era de 15 mil millones de pesos, pero hizo plazos fijos por 30 mil millones”, dijo el denunciante.

En ese contexto, recordó que él ya había advertido sobre la situación, por datos que le facilitaron algunos empleados provinciales. “La plata la estaban especulando en la timba financiera, esa era la información que tenía off the récord”, contó, en declaraciones a la prensa.

De acuerdo a lo que se conoció en los últimos días, la administración de Poggi constituyó 19 plazos fijos el 11 de diciembre; es decir, un día después de asumir. Los datos figuran en un anexo de la Cuenta de Inversión que presentó el Tribunal de Cuentas y debe tratar la Cámara de Diputados.

Laborda presentó la denuncia ante la Unidad de Abordaje Fiscal, desde donde lo deberán citar en los próximos días para su ratificación.

El pago del salario en dos cuotas fue una de las primeras medidas que tomó el gobernador Poggi, pocos días después de asumir su mandato. La medida se aplicó durante los meses de diciembre y enero.

El titular del Ejecutivo aseveró que esa decisión se basaba en que recibió la gestión, de manos de Alberto Rodríguez Saá, sin recursos para afrontar los gastos corrientes.

El Gobernador informó que la suma se acreditará con el sueldo de julio, para todos los agentes del Estado

El gobernador de la provincia, Claudio Poggi, confirmó que otorgará el 10% de incremento salarial para la administración pública, un anuncio que no alcanza para quitar a los trabajadores el mal sabor provocado por la inflación y el aumento generalizado de los servicios, hasta valores superiores al 500%.

A través de una conferencia de prensa en Villa Mercedes, Poggi dijo que la suba comenzará a ejecutarse a partir del 31 de julio, con el cobro del próximo sueldo. Según indicó, se mantiene el Fondo de Incentivo Docente y los beneficiarios de Inclusión Social alcanzarán los $400 mil, con un monto de $220 mil para la categoría base.

De manera indirecta, el Gobernador relacionó la insuficiencia de la suba para los estatales provinciales con las paupérrimas resultados de las políticas que el Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei, aplica en el país en materia económica y social.

“Es una noticia muy importante, más teniendo en cuenta cómo bajó la recaudación nacional y la coparticipación también”, sostuvo Poggi.

ANSL

Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y el director de Vivienda y Regularización Dominial, Hugo Rossi, dieron detalles sobre los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’, que fueron discontinuados por la gestión anterior y que este sábado, en el Ave Fénix, renovaron sus ilusiones de ser los dueños de su techo. Además, adelantaron detalles sobre la convocatoria a nuevos beneficiarios que se abrirá el año que viene.

Bertolini repasó que serán cerca de 1.300 las personas que obtendrán su propia casa. Desde el 22 de julio al 12 de agosto, los adjudicatarios podrán presentar la documentación de acuerdo a los requisitos establecidos y luego participarán de un sorteo. La construcción de las viviendas se estipuló en dos etapas: una comenzará en septiembre de este año y la otra en febrero de 2025. La primera etapa, comprenderá el inicio de la construcción de las viviendas de aquellos beneficiarios que se inscribieron en el año 2011 y que a diciembre de 2015 habían abonado todas las cuotas. Una vez que se efectúe el cumplimiento de esta “reparación”, por parte del Gobierno actual, se elaborará un nuevo plan de viviendas y se convocará a una inscripción. El objetivo es que para la Navidad de 2025 todos los beneficiarios tengan su casa y puedan pasar la Nochebuena en sus viviendas.

El Ministro recordó que las cuotas rondarán los 150 mil pesos, un monto que considera inferior al de cualquier alquiler y que se irá ajustando en base al índice del salario mínimo, vital y móvil. Los beneficiarios empezarían a abonar cuando reciban la vivienda. “Más allá de dar respuesta y de contribuir a esa reparación, la construcción no solamente resuelve un problema habitacional, también genera miles de puestos de trabajo, directos e indirectos”, opinó.

Rossi, por su parte, recapituló que los beneficiarios convocados al acto del día sábado cumplieron con cuatro requisitos básicos: tener al día las cuotas a diciembre de 2015; no ser adjudicatario ni cotitular de una vivienda social; no figurar o no ser propietario en el registro de la propiedad y no haber solicitado la devolución del dinero abonado. “Hemos contemplado aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, por una herencia se recibe una propiedad en estos 14 años y el condominio de esa propiedad sea inferior al 50%. Y, por el otro lado, que no hayan cobrado o percibido la devolución de las cuotas que les ofreció la gestión anterior”, esgrimió Rossi. Con respecto a la documentación a completar, podrán acercarla desde el próximo 22 de julio hasta el 12 de agosto.

“El día 14 de agosto se va a realizar el sorteo. También es una cuestión inédita en cuanto a la transparencia en la adjudicación de viviendas que se va a implementar en esta gestión. Nunca más un funcionario decidiendo quién es el adjudicatario de una vivienda social. El sorteo va a ser público, televisado y efectuado en la Caja Social”, cerró.

Una sucesión de errores de los empleados municipales derivó en un peligro de derrumbe y hasta en el maltrato de algunos funcionarios municipales. 

Una vecina de La Ribera de Villa Mercedes contó que, en febrero de 2023, Obras Sanitarias Mercedes (OSM) fue a reparar un caño a la vuelta de su domicilio y que un error de los trabajadores le costó muy caro: el agua comenzó a borbotear dentro de su casa, le destruyó la pileta, el quincho, pisos y otras estructuras. La familia intentó por todos los medios que el Municipio se hiciera cargo, pero no obtuvieron respuestas y aseguran que se “lavaron las manos”.

La vivienda es la 9 de la manzana 7139, que está sobre calle Ana María Ponce. Sus vecinos habían denunciado una pérdida a unos metros, pero sobre Carrucaburu, ya que la cuadra “vivía” llena de agua.

“El lunes 6 vino una cuadrilla, rompieron el pavimento, cambiaron un caño y se fueron. El martes, antes de irme a trabajar, me encontré con todo el patio inundado, ya casi llegaba a la cochera”, recordó la propietaria, Cristina Riscosa, y agregó que su marido unas horas después la llamó para decirle que el agua ya salía con barro, desde los pisos.

En ese momento todavía no sabían que el problema se iba a transformar en una verdadera odisea y que nadie se iba a hacer responsable. “Estábamos desesperados, no dejaba de brotar y no sabíamos qué hacer. A través de un conocido contactamos al ingeniero Guillermo Girardi de OSM, que vino y constató que no era de cloacas. Le dijimos que a la vuelta habían hecho un arreglo, una vecina agregó que desde ese momento no tenía buena presión”, repasó la vecina.

Entre muchas idas y vueltas, el líquido partió la pileta, levantó baldosas y ocupaba pisos arruinando muebles. Finalmente, por la insistencia de los dueños, pudieron constatar que los trabajadores habían conectado mal el caño que arreglaron, lo pusieron en uno que había quedado enterrado de un antiguo obrador, de cuando se construyó el barrio: el agua de la red iba al interior de la casa.

“Girardi nos citó a las oficinas de OSM para arreglar el tema, cuando fuimos se lavó las manos. Sacamos una cita para hablar con el administrador, Sebastián Estrada, que fue muy malagestado, nos gritó y hasta le pegó un puñetazo al escritorio. Nos echó de su oficina haciéndonos responsables y que debíamos tener vergüenza de estar reclamando, porque los daños eran dentro de la vivienda”, expuso Riscosa.

La mujer señaló que ni Defensa del Consumidor ni la Policía les quisieron tomar la denuncia. Después de intentos de audiencias fallidos, pudo cruzar al intendente Maximiliano Frontera en un acto, que derivó el caso a su secretaria, pero luego todo se dilató. “Una geóloga nos dijo que si el agua corría 24 horas más iba a haber un derrumbe de nuestra casa, y de la de al lado, porque están pegadas”, expresó la vecina y añadió que los daños superan los tres millones de pesos.