Al vehículo lo hallaron en la provincia de Córdoba.
El camión que embistió y mató a una joven de 19 años este fin de semana en la Autopista de las Serranías Puntanas fue encontrado en la provincia de Córdoba, según informaron fuentes extraoficiales.
La Fiscalía N°1 de Villa Mercedes que tomó intervención en el caso tiene bajo su competencia la localización del chofer.
El pasado sábado alrededor de las 20:30, Laura Oviedo y su madre circulaban en una moto Zanella 150 cc de este a oeste por la autopista.
A unos 5 kilómetros del acceso a Liborio Luna, las mujeres se detuvieron al costado de la ruta para acomodar unos bolsos que cargaban.
La joven, que se encontraba entre el rodado y la calzada, fue embestida por un camión que escapó.
Luego del siniestro fue trasladada hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica. Alrededor de la 1:30 de la madrugada falleció debido a las lesiones.
Una familia mendocina volcó este lunes, pasado el mediodía, en la Autopista Serranías Puntanas tras un descuido del conductor. Cinco personas, incluidos dos menores, fueron hospitalizadas de urgencia.
Hoy lunes, alrededor de las 14, una familia que viajaba desde Mendoza hacia San Luis sufrió un accidente en el kilómetro 819 de la Autopista Serranías Puntanas, a la altura de Balde. El conductor de una Meriva negra, de 53 años, se habría quedado dormido al volante, provocando un violento vuelco.
Cinco personas, entre ellas dos menores, fueron trasladadas por unidades del Sempro al Hospital Central Ramón Carrillo y al Hospital Pediátrico San Luis. En el vehículo viajaban un hombre de 53 años, una mujer de 35, un joven de 20, un niño de 9 y una adolescente de 12.
Los ocupantes fueron atendidos de urgencia, mientras que las autoridades trabajan en la investigación del hecho.
El mediodía del lunes un hombre de 56 años falleció en el motel Tops. El lugar había sido clausurado con sentencia definitiva en 2021 e iba a ser rematado al año siguiente, pero eso no sucedió.
El motel villamercedino Tops, que en el pasado ha llegado a ser noticia nacional porque fue clausurado por el Municipio más de 70 veces, continúa en rebeldía y siendo foco de atención. A pesar de haber sido clausurado definitivamente en septiembre de 2021, con sentencia firme por el Tribunal de Faltas Municipal, hasta hoy sigue con sus puertas abiertas y recibe clientes. Todo saltó a la luz por un lamentable hecho: la muerte de un hombre en sus instalaciones.
La persona tenía 56 años, refirió una fuente. Había ido al lugar con su pareja y se descompensó alrededor de las 12:30. Dos médicos lo examinaron allí. Revisaron su torso y su cabeza y constataron que no tenía lesiones o cualquier otro signo que pudiera indicar una muerte violenta.
Una revisión médica más profunda hecha después determinó que la causa del deceso fue un “paro cardiorespiratorio”, precisó un informante.
Por jurisdicción policial, el personal de la Subcomisaría 24° estuvo a cargo de las diligencias e interviene el fiscal instructor Leandro Estrada. De hecho los efectivos que acudieron a Tops, el mediodía del lunes, hablaron con la encargada para poder ingresar y que los peritos pudieran tomar fotografías.
Tops está ubicado en Lamadrid extremo norte, al noroeste de la ciudad. Consultada por El Diario, la jueza Municipal de Faltas, Mónica Fernández, confirmó que el motel fue clausurado de manera definitiva el 21 de septiembre de 2021.
El motivo fue la falta de habilitación. “Para tener un comercio hay que seguir ciertos requisitos establecidos por ordenanza municipal y si no se cumple con alguno de esos puntos los inspectores labran un acta”, explicó la jueza.
A partir de ese momento comenzó un proceso en el Juzgado de Faltas, en el que luego se le corrió vista al infractor para que realizara su defensa. “Se evaluó el caso y se dispuso la clausura definitiva” dijo Fernández.
De hecho en octubre de 2022 la Municipalidad había dispuesto que embargaría el motel porque hasta entonces acumulaba una deuda que rondaba los 3 millones de pesos. Las últimas sanciones habían sido por no pagar las tasas comerciales y por romper las fajas de clausura. Pero ese remate, por lo visto, nunca sucedió.
Recientemente, de acuerdo a lo que confirmó Fernández, los inspectores municipales constataron que el propietario había incumplido la orden judicial con sentencia firme porque seguía en funciones.
Por eso el jueves de la semana pasada informaron sobre dicha desobediencia a la Unidad de Abordaje Fiscal de la justicia ordinaria. “Desde la Fiscalía consideraron que debíamos elevarle el expediente y allá tomarán una decisión sobre lo que hacer por el incumplimiento de la orden judicial”, comentó la magistrada.
Apenas trascendió el comentario sobre la muerte del hombre en un motel, Silvina Dossetto, dueña de una cadena de moteles, aclaró a través de sus redes que el alojamiento en el que falleció la persona no era uno de los suyos. Sin mencionarlo, habló brevemente del lugar en cuestión: “El hecho fue en un establecimiento que carecía de habilitación comercial y que había sido clausurado de manera definitiva”.
Hace diez días, un gran operativo policial culminó con la detención de un hombre de 38 años. Está acusado de dirigir un millonario centro de venta y distribución de drogas en Merlo.
El ahora procesado tenía en su poder cocaína, marihuana, dólares y dinero en efectivo. Foto. Policía de San Luis.
Los tres fueron sorprendidos en la ruta 3, a bordo de una camioneta. Cuando advirtieron un control policial, se dieron a la fuga, pero dos kilómetros después fueron detenidos.
La noche del lunes, casi la medianoche de este martes, terminó mal para un grupo de cuatreros que salieron rumbo a un campo del sur de Unión, en busca de una vaca que faenar y robar. Unos policías que realizaban un control en la zona los interceptaron en la ruta. Les hallaron armas y un animal vacuno totalmente mutilado en la caja de la camioneta. Pero eso no fue lo más sorprendente de todo, sino que fue descubrir que uno de los ladrones de ganado era nada más y nada menos que otro miembro de la Fuerza, un policía de la Brigada Ecológica.
Los tres fueron demorados por abigeato. Según confirmaron un par de fuentes, el efectivo aprehendido es de apellido Julián, lo apodan “Turco”, tiene 39 años y el lunes estaba de franco de servicio. Los otros hombres fueron identificados como Gómez, de 27 años, y Suárez, de 28.
El personal de la Comisaría Destacamento 21° de Unión hacía operativos en distintos puntos estratégicos de la zona rural. Uno de esos lugares era la ruta provincial 3, a unos ocho kilómetros al sur de Unión.
Alrededor de las 23, una camioneta Ford F100 roja con blanco, con tres ocupantes, que debía pasar por ese tramo de la ruta, evadió el control y pasó de largo. Pero la fuga duró poco, porque a dos kilómetros de allí lograron detener su marcha.
Cuando el personal policial revisó la camioneta, encontró, en la caja, una vaca faenada. El animal de pelaje negro no tenía cabeza ni vísceras. En una butaca hallaron una carabina calibre 22, con mira telescópica y cargada con cuatro proyectiles, dos handies, dos cuchillos y una hacha pequeña.
Cuando los efectivos les preguntaron por lo que tenían en el rodado, Julián, Gómez y Juárez respondieron de manera evasiva y sin poder explicar qué hacían ahí con el animal mutilado y las armas.
Para algunos no es ninguna rareza que en dicho abigeato esté involucrado un policía o, en el menor de los casos, un familiar de ellos. La caza, ilegal o no, es la actividad preferida de la zona. De hecho, hay un dicho en el sur de la provincia: el que no caza juega al fútbol.
Pasadas las 7 de la mañana, un camión se dio vuelta en la rotonda de la Ruta N°8 y Circunvalación, en cercanías a Villa Mercedes.
El conductor, Laureano Dárdano perdió el control del rodado y volcó en la banquina sobre su costado izquierdo.
El Scania con semirremolque transportaba botellas vacías desde Rosario, provincia de Santa Fe, hacia Mendoza.
Tras el siniestro, el conductor del vehículo, recibió las primeras atenciones por parte de personal médico que llegó al lugar en una ambulancia del Sempro. No sufrió heridas graves.
Se realizaron en el lugar las tareas de limpieza y prevención para normalizar el tránsito vehicular.
El estudio concluyó que el hecho le afectó su autoestima y sus relaciones con otras personas. El denunciado, y exfuncionario del exintendente Mario Raúl Merlo, no fue imputado hasta ahora.
La joven que a finales del año pasado se hizo de valor y denunció que fue violada por J.G., un abogado de Villa Mercedes, se sometió a una pericia psicológica, una prueba infaltable en los casos de abuso sexual. Los especialistas del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial concluyeron, entre otros puntos, que la mujer presenta un trastorno emocional a causa del “hecho denunciado”.
El par de psicólogos que la evaluaron advirtieron que presenta secuelas, tales como pérdida de la autoestima, algo que se agudizó con el tiempo porque “fueron muchos años de sufrimiento”.
Refirieron que ese “trastorno emocional ocasionado por el hecho denunciado” creció con el tiempo. No obstante, rescataron que sus consecuencias se morigeraron gracias a la terapia psicológica y psiquiátrica que recibe.
Indicaron que experimenta sentimientos de culpa y tiene problemas para relacionarse con otras personas, ya sean compañeros de estudio, familiares o vecinos. Eso ha dificultado, por ejemplo, que pueda avanzar con sus estudios universtarios.
A pesar de los resultados de esa pericia, la causa hasta el momento no ha tenido movimientos significativos. Pese a faltar solo un mes para que se cumpla un año de la denuncia, sobre el abogado, quien además fue funcionario durante las últimas intendencias de Mario Raúl Merlo, no pesa ninguna imputación.
Hace apenas un par de meses, Gonzalo Estrada, el abogado de la chica, denunció a J.G. porque asegura que lo interceptó a la salida de la parroquia Nuestra Señora de La Merced y le ordenó que renunciara a la causa en su contra porque si no le haría a su hija lo mismo que le había hecho a la joven que lo acusa de violación. “Renunciá porque tenés una hija y le voy a hacer lo mismo que a la otra pendeja pu…”, sostiene Estrada que le dijo.
La única medida en contra del exfuncionario fue el allanamiento a su domicilio, realizado al poco tiempo que todo salió a la luz. En esa requisa le secuestraron dispositivos electrónicos. Pero, según reveló una fuente, a sabiendas de que fue denunciado por abuso sexual, para ese entonces J.G. ya había cancelado todas sus redes sociales, uno de los medios a través de los cuales había chateado con la joven que lo acusa de violación.
Se trata de Águila Security SRL, que presta servicio en el Hospital Central y en objetivos privados. Piden medidas urgentes.
Una situación poco usual se registró recientemente en la ciudad. Denuncian que la empresa de seguridad privada Águila Security SRL, que tiene servicio en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” y en otros objetivos privados, implementó el uso de uniformes policiales en su personal. Piden soluciones urgentes. “Esto es gravísimo. Estamos hablando de usurpación de uniforme de la Policía de la Provincia y de las fuerzas federales, como la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el ‘Ramón Carrillo’ están usando uniformes de combate negros y en las fábricas también. Les han puesto un parche, pero claramente la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia dice que no pueden ser ni similares ni iguales a los de las fuerzas policiales. Ninguna policía de ninguna provincia lo permite. Se trata de usurpación de títulos y honores. Está penado por ley”, apuntó el delegado regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), Isaías Miranda. De acuerdo con lo que planteó, se trata de más de 100 civiles que utilizan la ropa. Advierte que pueden llegar a ser confundidos por personal policial no solo por los delincuentes, también por la gente que puede recurrir para pedirles ayuda en la calle. Crea confusión en los ciudadanos y en los efectivos policiales. Frente al escenario, presentaron notas a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; al jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Pablo Alejandro Vieytes, y al titular del Hospital Central, Adolfo Sánchez de León. En las presentaciones ponen de manifiesto la situación. También los intimaron vía carta documento para que se tomen acciones a instancias de la Ley Orgánica y Ley de Regulación de Empresas de Seguridad Privada. “Si no dan cumplimiento, los voy a denunciar penalmente. Pueden llegar a ser procesados. Es un delito gravísimo”, apuntó Miranda. Según lo que especificó, la empresa en cuestión no solo aplica los uniformes en el servicio del Hospital Central. También hace lo propio en otros 5 objetivos, entre los que hay fábricas y un barrio privado.
Nuevos detalles en el caso de la policía acusada de asesinar a sus hijos. Jonathan Funes, padre de uno de los menores, fue condenado por amenazas y abuso de armas por un hecho del 2022, en un conflicto por problemas financieros.
Siguen surgiendo detalles del caso de Marina Silva, la mujer policía que se adjudicó la muerte de sus hijos. Jonathan Edgar Funes, padre de Bautista, el niño de 2 años muerto, fue condenado por amenazas, lesiones leves y abuso de armas por un episodio violento ocurrido el 22 de julio de 2022. En ese momento, la mujer lo había denunciado por haberla atacado, justamente por motivos económicos.
Durante el juicio abreviado en el que Funes fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso, se mencionó que el conflicto entre ambos comenzó cuando Funes intentó llevarse a su hijo en medio de una disputa familiar en la que el eje del conflicto era la toma de un préstamo para comprar un auto. En aquel momento, la situación económica ya era crítica para Silva, quien, según declaraciones recientes, mantenía deudas millonarias y tenía el sueldo embargado. A pesar de los esfuerzos de su familia por ayudarla, las deudas no dejaron de aumentar, generando un clima de constante tensión.
El trágico desenlace de Silva, que ha sido acusada del asesinato de sus hijos en un aparente intento de liberarlos de lo que consideraba una “carga económica”, arroja nueva luz sobre los problemas que ya enfrentaban como pareja. Diego Silva, padre de la suboficial, declaró que la suboficial había mencionado previamente sus dificultades financieras, aunque nunca imaginó que esas deudas llevarían a un crimen tan brutal.
Con deudas que ascendían a casi 7 millones de pesos, Silva dejó una carta donde responsabilizaba a su mal manejo financiero por la tragedia, eximiendo tanto a Funes como a su madre.
Este sombrío entramado de violencia familiar y financiera muestra cómo las tensiones económicas pueden convertirse en detonantes de tragedias aún mayores. Mientras Funes, condenado por violencia de género, cumple con las medidas impuestas por la justicia, el caso de Marina Silva sigue desnudando la desesperación que muchas veces subyace detrás de los conflictos familiares.
Debe a bancos, billeteras virtuales y entidades financieras.
Marina Abigail Silva, la subinspectora que mató a sus dos hijos de dos y siete años, presenta deudas con bancos y entidades financieras por de casi $ 6,7 millones.
De acuerdo a los datos oficiales que suministra la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, los montos más grandes están en el Banco Nación por $3.269.000 y en Montemar por $2.269.000.
Luego aparecen otros registros menores de $941 mil a Credlap, $94 mil a Mercado Pago, $48 mil a Argencred y $33 mil a Bersatex.
Los montos corresponden a julio y agosto de 2024.
Otro dato que se desprende es que el BCRA califica la situación de cada deudor con categorías del uno al seis. Si se tiene en cuenta esto, sólo en Montemar Silva está en situación uno (normal), otra en situación cuatro (con alto riesgo de insolvencia) y las demás en calificación cinco (irrecuperable).
Pasado el mediodía de hoy se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra la subinspectora donde fue imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego y fue trasladada al Servicio Penitenciario provincial.
Durante el desarrollo se leyó la carta que dejó en la vivienda del barrio Los Fresnos donde mató a sus hijos donde decía: “Ni Jonathan (por el padre de Bautista) ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños”.
En el escrito también pidió disculpas a sus familiares: “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos, gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más”.
“No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, necesito que estemos juntos”, manifestó la mujer en la carta.
Esto coincide con los que declaró ayer el padre de la mujer, Diego Silva a la prensa cerca del domicilio donde se produjo el hecho. Contó que su hija tiene un problema económico “muy grande” del cual no sabían “por qué”.
“Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas), mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos ‘Marina ponete las pilas’”, dijo.
“Los problemas económicos que tenía eran de ella. No sé en qué hacía sus gastos, le saqué un préstamo de 700 mil pesos el mes pasado porque tenía un inconveniente en el banco, después me enteré cuál era. El mes pasado no me devolvió ese dinero, tampoco otros créditos y ella me explicó ayer que le habían retenido plata por un préstamo que había sacado cuando estaba con este tipo (por Funes) y la relación era malísima”.
