La idea se desprendió de una serie de sugerencias en el manejo de las redes sociales. Buscan que el Gobernador tenga un perfil “más juguetón”, pero la estrategia no tiene los resultados esperados.
Claudio Poggi, dando una “vueltita” en bicicleta. A quien se le ocurre exponerlo en modo piñón fijo?
Para muchos se trató de un bochorno, a otros les dio “lástima”, no pocos manifestaron su indignación. Mal asesorado o mal aprendido, Claudio Poggi fue protagonista de un video que “quedó para el archivo”. De traje y de “punta en blanco”, se puso un casco y se subió a una bicicleta, en las instalaciones de Terrazas del Portezuelo. Las imágenes lo muestran dando una pequeña “vueltita”, en la que claramente tiene dificultades para mantenerse en equilibrio. Tal vez el espacio le jugó en contra, también es verdad que es difícil andar en bici y de traje. Lo cierto es que el material fílmico fue un bochorno e implicó un verdadero fracaso comunicacional.
Pero ¿De dónde vienen estas ideas? No es la primera vez que el Gobernador intenta “hacerse el piola”, con un estilo más relajado y con cierto aire de sencillez. De hecho, lejos de la estricta formalidad que lo caracteriza, con sus “refinados” trajes y “lujosos” zapatos, ahora se muestra sin saco y hasta con chombas en un “outfit casual”. A lo sumo, recae en la tendencia “elegante sport”. Pero lo cierto es que buscan que su imagen sea “más cercana” a la gente.
Esta maniobra deviene de las enseñanzas vertidas por el consultor en redes sociales Daniel Vico, que el Gobierno dispone con el fin de “ganar las elecciones”. Una alta fuente gubernamental, confirmó que el “especialista” dio una especie de cátedra por zoom en la que participaron los cerca de 2 mil funcionarios que tiene el Gobierno provincial, donde “bajaron lineamientos” de cómo debe ser el abordaje de las redes.
Primero habló Poggi, después el secretario de Comunicación Diego Masci, quien dio “instrucciones” de cómo se tienen que manejar en el mundo cibernético. Vico habría sugerido que Poggi se muestre “cercano”, luego de que resultara altamente perjudicial para su imagen el tema de los “aprietes permanentes” con la gente del Plan de Inclusión, con el personal de Salud, entre otros focos de conflicto que tiene la gestión actual. Incluso le sugirió que deje de apelar a la “culpa permanente” contra el Gobierno anterior; esa rebuscada estrategia ya no surte “credibilidad”, en otras palabras: “la gente no es tonta”.
Habrá que ver qué otra sorpresa deparan las publicaciones oficiales en redes sociales. Por lo pronto, los más allegados a Poggi tratan de “cuidarlo” para que nunca más vuelva a pasar semejante “papelón”, del que ya “no hay vuelta atrás”.
Sin anestesia, la agencia de noticias gubernamental publicó escuestamente hoy a las 18:00 h: “El gobernador Claudio Poggi le solicitó en la tarde de este jueves la renuncia al titular de la cartera, Walter Vogt, hasta se aclare su situación ante la denuncia que lo involucra y que fuera formulada por una funcionaria de la citada cartera”.
A diferencia de otras dimisiones, donde se le deja la oportunidad al funcionario para que presente la renuncia por “razones personales”, el órgano oficial de noticias del gobierno expuso con claridad que la decisión la tomó el propio gobernador.
Se trata de un área de gobierno que cuando se dividió en parcelas la gestión, para distribuir el poder con los partidos aliados, le correspondió a Todos Unidos, el sector que lidera Adolfo Rodríguez Saá.
El primero en ocupar esa función fue el villamercedino Haroldo Bridger, quien luego de una furibunda interna también salió eyectado del cargo, en abril de 2024. Se produjo un reacomodamiento, las aguas parecían calmarse, hasta que a fines de diciembre se produjo otra sonada baja en esa cartera: el gobernador echó a Sergio Pansa, quien ocupaba un cargo en el Directorio de la Sociedad Anónima con Participación Estatal mayoritaria (SAPEM) Agrozal, la planta integral agroindustrial de acopio de granos más importante, instalada en el predio de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes.
Entre el cúmulo de versiones que circulan, trascendió que Pansa mantenía fuertes diferencias con Walter Vogt, Secretario de Actividades Logísticas, quien llegó al cargo en mayo pasado por sugerencia de Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo. Simultáneamente, también renunciaba el ex diputado provincial Pablo Zamora, director de la Zona Franca de Justo Daract.
Ahora el ex presidente, junto a su esposa, se encuentran analizando a quién proponer, luego del papelón realizado por los dos postulantes que responden a su sector, en poco más de un año de gestión.
DENUNCIA
El diario digital Chorrillero accedió a la presentación que radicó en la Comisaría 1°, donde expuso situaciones de violencia de género, agresión, maltrato verbal y psicológico, acoso laboral y sexual, y abuso de poder.
La mujer expuso diversas situaciones que debió atravesar desde que ambos asumieron, el año pasado, lo que desencadenó en un decaimiento en su salud física y psicológica.
De acuerdo a la denuncia, la mujer informó que en el 2024, al iniciar la gestión Vogts comenzó con las agresiones: “Abusó de su posición, sometiéndome a hostigamientos, hasta el punto de hacerme sentir intimidada en mi puesto de trabajo”.
La funcionaria en la denuncia expuso como antecedentes lo ocurrido durante un relevamiento en las escuelas rurales de parajes en la zona de Quines y Candelaria.
“ El martes 20 de febrero se presentó un inconveniente con la camioneta en la que viajábamos, por lo que quedó empantanada sin posibilidad de poder salir y sin ayuda, y sin señal del celular, en el paraje La Bajada, por lo que salimos a pedir ayuda caminando kilómetros bajo el sol en compañía de docentes y compañeros de trabajo. Esta situación me provocó descompostura a causa del calor y falta de agua. Cuando logré obtener señal, llamé desde mi teléfono móvil a Vogt para solicitar ayuda y nunca contestó, por lo que hizo un abandono total hacia el personal de trabajo, siendo auxiliados por un residente de la zona, mediante un tractor que hizo remolque de dicha camioneta”, relató.
Seguidamente, aseguró que cuando logró contactarse con el secretario le comentó lo ocurrido y de inmediato la desafectó de la función.
La mujer también a conocer un incidente con el subdirector de la Zona Franca de Justo Daract, Juan Carlos Palacios: “Le solicité en reiteradas oportunidades el cumplimiento de una tarea que debía responderla a Nación, nuna me respondió y solo se limitó a mandar un audio insultándome diciendo ‘yegua hija de re mil puta’. A este hecho se lo comenté de Vogt quien me manifestó que si yo se lo manifestaba al gobernador ‘me iba a tener que ir yo del trabajo’”.
También agregó que se encuentra “en una situación de vulnerabilidad”. “Estoy con certificado médico de salud debido a lo que me sucedió repercutiendo sobre mi salud física y psicológica, posicionándome en una situación de víctima de violencia de género”, señaló.
Continúa escalando la controversia generada por las declaraciones periodísticas del juez federal Juan Carlos Nacul, quien afirmó la existencia de fuertes lazos de connivencia entre los narcotraficantes, las fuerzas de seguridad y la justicia.
Apuntes de San Luis pudo establecer que el Superior Tribunal de Justicia no perdió tiempo en deliberar ni en sentar postura frente a las durísimas y crudas declaraciones del juez federal de Villa Mercedes, que conmocionaron a la opinión pública.
En su lugar, el ministro –no su presidente- del alto cuerpo, Eduardo Allende, dirigió una misiva al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Dr. Gustavo Castiñeira de Dios.
“En la escueta misiva se lo pone en conocimiento de las declaraciones efectuadas por el Dr. Juan Carlos Nacul, “a los efectos que estime corresponder en atención al tenor de las mismas, en ejercicio de su función de superintendencia”.
En buen romance, lo que está sugiriendo es que como mínimo le efectúe un llamado de atención o aplique sanciones en caso de corresponder.
Asimismo, adjunta el comunicado emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Villa Mercedes y un link que remite a la nota periodística.
Quiénes son los citados a indagatoria por el vaciamiento del Molino Fénix.
Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Diego Torres, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Sebastián Fernández y Mariela Dutto pasarán este viernes por el banquillo de los acusados en el marco de la investigación que abarca los delitos de robo calificado por poblado y en banda, peculado y defraudación en la administración pública.
Empezó la audiencia de formulación de cargos, pero la ex diputada Anabela Lucero acusada de corrupción no se presentó.
Están acusados del vaciamiento del Molino Fénix durante el anterior Gobierno. La ex funcionaria albertista no se presentó.
La investigación que se lleva adelante por el vaciamiento del Molino Fénix, en principio contaba con cuatro denunciados: el ex administrador de la repartición, Joaquín Beltrán; el ex coordinador de la Casa de la Música, Exequiel Scarel, el ex coordinador de Teatro, Diego Torres y el ex jefe de Eventos, Enzo Lucero.
Cuando la Fiscalía N°3 de Villa Mercedes intervino en la causa, comenzó a encontrar evidencias que llevaron a implicar a otras personas, que serán indagadas el viernes 21 por diferentes acusaciones.
En esta oportunidad, fueron llamados, además de los tres mencionados, la ex diputada albertista, Anabela Lucero; el ex jefe de prensa, Sebastián Fernández y su pareja, Mariela Dutto.
Son considerados sospechosos de los delitos de robo calificado por poblado y en banda, peculado y defraudación a la administración pública.
Cabe destacar, que la audiencia de formulación de cargos no será sobre la causa completa, sino que se desarrollará en diferentes etapas, así se lograrán abarcar otros temas con detenimiento. Según declaró el fiscal José Olguín, la investigación es “más grande y hay más hechos y circunstancias”.
Joaquín Beltrán
El contador público nacional llegó a la administración del Complejo Molino Fénix para suceder a Anabela Lucero, cuando asumió como diputada provincial por el Frente Unidad Justicialista.
En enero de 2021 fue denunciado públicamente por trabajadores del complejo por precarización laboral. A través de un escrito, que también estaba dirigido a Lucero, dejaron asentadas las condiciones de trabajo irregulares en las que se desempeñaban. Además, mencionaron que había hostigamiento y destrato hacia los artistas.
Quienes formaron parte de la denuncia decidieron no exponer sus identidades porque sentían “miedo a las represalias”.
Beltrán terminó su gestión en la repartición cuando asumió como diputado provincial en el bloque Unión por San Luis el 10 de diciembre de 2023.
Quien ocupó el cargo de director de intendencia del Molino Fénix, Pablo González, el 31 de enero de 2024 denunció la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos y peculado, por parte de Beltrán, Lucero, Scarel, Torres, y “quien surja de las pruebas a rendirse en autos”.
La acusación advertía, que dentro de innumerables irregularidades que se detectaron desde el cambio de gestión, se podía observar un vaciamiento de las instalaciones, ya sea en equipos tecnológicos y mobiliarios de toda índole. Además, se habían cerrado las cuentas digitales y correos institucionales.
La nueva conducción se encontró, según expuso, con instalaciones sin mantenimiento correspondiente, sin inventarios de mobiliarios y elementos electrónicos, con faltantes de equipos, computadoras y documentación.
Beltrán estuvo envuelto en una polémica cuando quiso, junto a su pareja, Anabela Lucero, amedrentar en la vía pública al fiscal José Olguín, pidiéndole “arreglar” las cosas de un modo que no iban por el camino de la Justicia. Según trascendió, el funcionario judicial les transmitió que no había nada que arreglar en la calle, y que se presentaran “como corresponde” en Tribunales.
En las últimas semanas se conoció un video que fue registrado por cámaras de seguridad la noche del 15 de junio de 2023, es decir, cuatro días después de que Alberto Rodríguez Saá perdiera las elecciones, donde se puede ver cómo sustraen con una camioneta y una plataforma enganchada, sillones, sillas y escritorios de la Casa de la Música. Al final del video se lo puede observar al actual diputado provincial cruzando la calle.
En la denuncia están mencionados estos movimientos, ya que un empleado esa noche pudo tomar imágenes en el momento que tenían los muebles preparados para llevárselos.
Empleados de seguridad manifestaron que también sustrajeron ropa blanca perteneciente a las habitaciones que el lugar tiene destinado en el edificio para hospedar artistas. Días antes, con la orden del ex administrador, una trabajadora había realizado una compra grande de sábanas, acolchados, edredones y toallas, que en teoría eran para hacer recambios, pero nunca fueron encontrados.
Anabela Lucero
La ex diputada albertista de Unión por San Luis formó parte oficialmente del organigrama del complejo como administradora, luego del desmembramiento de la secretaría de la Juventud donde actuó como jefa del Programa Pueblos y Barrios.
En 2019, cuando asumió su puesto en la Cámara de Diputados terminó su gestión allí, pero siguió administrando políticamente el lugar junto a Beltrán.
Los testigos, que eran empleados del organismo, dejaron asentado que “concurría asiduamente al lugar, dirigiendo y organizando el complejo”.
La denuncia que realiza González revela que cuando Lucero se encontraba refaccionando su vivienda, se instaló a vivir en las habitaciones que tiene el edificio para recibir eventualmente a artistas que llegan a la ciudad para utilizar el estudio de grabación.
“Disponiendo de los recursos públicos en beneficio propio y sus allegados, la Casa de la Música se convirtió en el Hotel de Anabela y Joaquín con servicios completos (comidas incluidas) solventadas con los impuestos de los contribuyentes”, decía el escrito.
En 2023 estuvo postulada en las elecciones generales para ser intendenta de Villa Mercedes en el frente justicialista Unión por San Luis. También fue candidata a Parlamentaria del Mercosur, en 2023.
En el marco de la investigación, en noviembre allanaron sus propiedades y se pronunció a través de historias de Instagram. Manifestó que las acciones judiciales devienen por su condición de mujer y por el lugar que ocupó en la política.
Hizo hincapié en las dictaduras y en los periodos de guerra donde “las mujeres también se convierten en blanco de persecución política”, y que en “muchos casos se las utiliza como herramientas de control y cuando se revelan o se oponen son objeto de represalias”.
Exequiel Scarel
El marido de la hermana de Anabela y concejal Virginia Lucero, era el encargado de coordinar la Casa de la Música.
En las elecciones generales de 2023 de postuló para ser diputado en el sublema “Nos une la esperanza”, perteneciente al lema Unión por San Luis. Su nombre se encontraba junto al de Beltrán, Jonathan Albedro, Matías Sebastián Llanos y Juan Carlos Romero.
Junto a su cuñado Enzo Lucero y su concuñado Beltrán, eran los firmantes de las cuentas bancarias oficiales del complejo.
Su vivienda también fue allanada en noviembre, cuando se tomaron medidas para buscar los elementos que pertenecen al Estado y que fueron sustraídos en el cambio de gestión.
El nombre de Scarel también saltó en una lista de personas que cargaban combustible en sus vehículos particulares a nombre del Molino.
Enzo Lucero
El hermano de Anabela se desempeñaba como jefe de Eventos en el Molino Fénix. De una cantidad de fiestas como “Rock en la Casa”, “Trap en la Casa”, y “Feria Industrial”, que tuvo un costo multimillonario, sólo existen registros de uno, y está a medias.
El resto de contratos, facturas y gastos fueron destruidos. Se pudo acreditar que parte de la documentación fue quemada. Es decir, que no hay constancia de que los fondos del Estado que eran destinados a los eventos, fueran utilizados para los mismos.
Diego Torres
El ex coordinador del Teatro fue quien acompañó a Beltrán a llevarse mobiliarios y elementos de la Casa de la Música, la noche del 15 de junio, según manifestó el personal de seguridad.
Junto al resto de sus compañeros, el ex funcionario se enfrentará este viernes a la indagatoria.
Sebastián Fernández y Mariela Dutto
El 26 de diciembre se realizaron dos allanamientos en el marco de la causa. El operativo involucró la vivienda del ex jefe de prensa de Anabela Lucero, Sebastián Fernández, quien fue considerado una persona “de interés en el hecho”, según las declaraciones del fiscal interviniente, y la Radio Mercedes, donde trabaja actualmente.
También quedó implicada su pareja, Mariela Dutto, ya que su nombre aparece en facturas que eran emitidas por Molino Fénix en virtud de “servicios especiales”, pero la mujer nunca prestó servicio a la repartición, o al menos, no estaba registrada en la poca documentación que quedó del lugar.
El intendente, Maximiliano Frontera, renovó el acuerdo con el Gobierno y destinará los más de $2.400 millones del nuevo fondo común a la pavimentación de 70 calles, la incorporación de bicisendas, el arreglo de veredas, la reposición de cordón cuneta y la incorporación de más luminaria pública, todos proyectos que apuntan a mejorar el bienestar de los ciudadanos. El acto fue encabezado por el gobernador, Claudio Poggi.
Frontera también explicó que encararán este próximo semestre con la intención de pavimentar calles en distintos puntos estratégicos de la ciudad. “Vamos a priorizar los corredores sanitarios, las arterias por donde pasa el transporte público y, por supuesto, siempre escuchando a los vecinos que nos pueden marcar dónde hay mayor urgencia”, aseguró.
Por su parte, Poggi comenzó su discurso haciendo alusión a lo que fueron sus primeros meses de gestión, en los que heredó una provincia devastada por una estructura que generaba déficit fiscal. Sin embargo, con alegría también rememoró las estrategias creativas que implementó junto con su gabinete para equilibrar las cuentas, lo que luego le permitió poner en marcha distintas iniciativas como ‘Construyendo con Tu Pueblo’.
Cristian Suárez fue enviado al Servicio Penitenciario por 120 días tras ser imputado por cuatro delitos. La víctima, Paloma Fernández, perdió a su bebé producto de las heridas sufridas.
El domingo al mediodía, en el barrio Eva Perón, Paloma Fernández, de 18 años, fue interceptada por su ex pareja, Cristian Suárez, de 42. La agresión escaló hasta el punto en que la joven se vio obligada a arrojarse de un vehículo en movimiento para salvar su vida.
Este martes, Suárez fue imputado por homicidio doblemente calificado en grado de tentativa, aborto, resistencia a la autoridad e incumplimiento de una orden judicial. La jueza Agustina Dopazo Samper dictaminó su traslado al penal con prisión preventiva por 120 días, tal como solicitó la Fiscalía.
Según la fiscal Antonella Romagnoli, la violencia de Suárez tenía antecedentes. El 10 de diciembre de 2024, Fernández lo había denunciado por agresión física y psicológica, obteniendo una orden de restricción de acercamiento vigente por seis meses.
El día del ataque, alrededor de las 7:30, Suárez fue a la casa de la abuela de la víctima, preguntó por ella y se retiró furioso en un Fiat Palio, chocando contra un árbol. A las 12:30, regresó y la esperó en la esquina. Cuando Fernández pasó, la tomó del cabello, la golpeó y la obligó a subir al taxi.
Testigos alertaron al 911, informando que el conductor de un taxi agredía a una mujer. Dentro del vehículo, Fernández forcejeó para defenderse. En un momento, Suárez la apuñaló en el abdomen y otras zonas. Desesperada, la joven se arrojó del auto mientras circulaba a una velocidad estimada de 140 km/h en la Autopista de las Serranías Puntanas.
Un efectivo policial, parte de la persecución al agresor, logró asistirla. “Por favor sálvame, estoy embarazada de cuatro meses, quiero a mi mamá”, suplicó la víctima.
Suárez intentó fugarse a alta velocidad, alcanzando los 170 km/h, realizando maniobras para colisionar con los patrulleros. Finalmente, se arrojó del auto en movimiento y fue detenido. El vehículo colisionó contra un cartel de señalización.
Fernández fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde ingresó a terapia intensiva. A causa del ataque, sufrió la pérdida de sangre y líquido amniótico, lo que derivó en la interrupción de su embarazo.
Las fiscales María del Valle Durán y Antonella Romagnoli solicitaron la prisión preventiva por 120 días, fundamentando el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la víctima. La jueza Dopazo Samper aceptó la medida.
La fiscal Durán explicó: “El imputado podría ocultar pruebas y presionar testigos. Aún no se ha encontrado el arma utilizada”. Además, agregó que Suárez podría influir en testigos claves para la investigación. Suárez enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo y por género en grado de tentativa, lo que significa que intentó matar a su expareja por razones de género. Además, se lo acusa de aborto en perjuicio de la víctima, resistencia a la autoridad y violación de una orden judicial.
Según la fiscalía, la calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación. Mientras tanto, Fernández sigue internada, luchando por su recuperación, tras haber sobrevivido a un hecho que conmociona a toda la comunidad.
Lo ocurrido supera lo que un guionista de cine de acción pudo imaginar. Un hombre fue detenido este domingo luego de una persecución policial que comenzó en el barrio Eva Perón de la ciudad de San Luis y finalizó en la localidad de Balde, tras un operativo coordinado por la Policía.
Todo comenzó cuando un vecino alertó a las autoridades al observar que un hombre forzaba a una mujer a subir a un vehículo, un Fiat Palio afectado al servicio de taxi. Ante la denuncia, efectivos de la policía iniciaron la búsqueda del automóvil, que fue detectado en calle Riobamba.
El conductor no acató la orden de detenerse y emprendió una fuga a alta velocidad, recorriendo distintos sectores hasta tomar la ruta de Pescadores y luego la ruta 7, con dirección a Balde.
Durante la persecución la mujer, identificada como Paloma Fernández, de 18 años, logró abrir la puerta del vehículo y arrojarse en movimiento sobre la autopista, quedando desvanecida en el lugar. Rápidamente, personal policial resguardó a la víctima y solicitó asistencia médica.
El vehículo continuó su huida hasta Balde, donde el conductor, al notar la presencia de efectivos policiales, maniobró por el cantero central de la ruta 7 y retomó en sentido contrario hacia San Luis. Ante esto, la policía organizó un nuevo cerrojo en el barrio 500 Sur, antes del puente, sobre ruta 7.
Al llegar al corte, el hombre decidió arrojarse del auto en movimiento e intentó escapar a pie, pero fue interceptado y detenido por los efectivos.
La mujer, quien se encontraría embarazada, fue trasladada al Hospital Carrillo con fuertes golpes producto de la caída del vehículo.
El caso está siendo investigado por personal de Homicidios, bajo la hipótesis de una agresión de género. Se espera que en las próximas horas que la Justicia determine la imputación del detenido.
PARTE MÉDICO
Este domingo a las 20:00 h el Hospital Ramón Carrillo difundió un parte médico de la joven mujer embarazada, de 18 años, que debió ser intervenida producto de las heridas recibidas, luego del brutal episodio que le tocó atravesar.
Se trata del subdirector del Registro Civil, Lucas Gieco. Un video del incidente voló en las redes. Se desconoce si continúa en el cargo.
Villa Mercedes. Un funcionario del gobierno provincial fue acusado públicamente y registrado en un video por agredir a una mujer.
El incidente ocurrió en el edificio del Poder Judicial en el Parque Costanera Rio V y a poca distancia de la sede de la Unidad Regional II de la Policía puntana.
El acusado es el abogado Lucas Gieco, titular del Registro Civil de la ciudad, que en un episodio con características confusas, mantuvo una acalorada discusión, con denuncias de agresiones, con la empleada judicial Analía Celdrán.
Al tomar mayor temperatura la discusión, se sumaron sus hermanos María Silvia y Pascual Celdrán.
La publicación en Facebook de Pascual Celdrán.
Analía, en una publicación que hizo en sus redes sociales detalló que el álgido momento se desencadenó por acusaciones que Gieco hizo contra su hermano cuestionándolo porque entre sus defendidos hay acusados de abuso sexual.
Se reunieron por segunda vez en las calles de la ciudad para pedir justicia por los ocho ancianos que eran maltratados en un hogar. Uno de ellos murió esta semana, luego de quedar internado en malas condiciones de salud.
Crece la indignación de los vecinos en Justo Daract y este viernes a las 20 se reunieron en las puertas del Concejo Deliberante para exigir actuaciones por el caso del geriátrico que fue clausurado el 24 de enero, donde 8 adultos mayores eran maltratados,
Es la segunda vez en una semana que se manifiestan pidiendo justicia y que se tomen medidas contra las responsables del lugar, Marta Pérez y Melanie Biscaldi, quienes fueron demoradas por unas horas tras el allanamiento y luego recuperaron la libertad.
“Cuánto tiempo más vamos a esperar a la Justicia para que se expida sobre este caso? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para verla a ella (Pérez) encerrada?”, dijo Rosa delante de un grupo de concejales de la oposición local que llegaron a la manifestación para brindarles explicaciones y darles tranquilidad a los presentes.
La mujer contó que en varias ocasiones no la dejaron ingresar a visitar a un residente que conocía porque cuidaba a su madre. El hombre murió y ella aseguró que la propietaria “lo empastilló y lo mató, porque él era sano”.
Otra de las vecinas que asistió al reclamo, cuestionó los tiempos de la justicia: “Hace un tiempo golpearon a un chico y fue rápida. Acá mataron a unos abuelos, están enfermos, se murió uno de ellos y está siendo lenta”.
Pidieron, inclusive, la destitución del intendente Alfredo Domínguez: “Cuando la justicia decida, si deja de dormir el pueblo y se levanta, queremos destituir a este hombre que no hace nada”.
Se mostraron disconformes con una actividad que se realizará este fin de semana en la plaza Ayacucho, con artesanos y conjuntos musicales.
“Se murió un abuelo y a él le calienta tres pitos y van a hacer una fiesta ahí en la plaza. ¿Cuánto hace que no se hace nada acá en Daract? El pueblo está de duelo y él está haciendo fiesta, entonces a ese tipo de alguna forma hay que sacarlo”, sostuvo Rosa.
La inquietud de otro daractense era el motivo de la libertad de la responsable del geriátrico, luego de la muerte de “Pepe”, uno de los abuelitos que había quedado internado tras la clausura del lugar, por encontrarse en estado de desnutrición. “Si hubo muertos ¿Por qué no la detienen a la señora?”, dijo.
Dalma Guinda, Kevin Coppari (La Libertad Avanza), Enzo Marchisio (Avanzar), Ramón Guerrero y Hernán Campos (UCR-Cambia San Luis) se presentaron en las puertas de la institución para despejar todas las dudas.
Durante la semana, en conjunto solicitaron una sesión extraordinaria para pedir al Ejecutivo municipal los informes correspondientes sobre las irregularidades que presentaba el geriátrico, pero recibieron la negativa por parte de la presidenta del cuerpo legislativo, Natalia Daiana Moure.
El jueves, Guinda, Campos y Guerrero viajaron hacia la Fiscalía Nº3 de Villa Mercedes, donde se reunieron con los fiscales adjuntos Marcelo Palacio y Andrea Court. Allí pudieron ponerse al tanto de los avances de la causa y conocieron detalles sobre el allanamiento, ya que solo contaban con la información que leían en las redes sociales.
Guerrero les solicitó a los vecinos “que guarden la calma” y dejaron en claro que no pretenden utilizar la causa con fines políticos.
“Nosotros estamos acá con ustedes, tenemos diferencias ideológicas con los concejales que estamos aquí juntos, pero tenemos el mismo sentido común y el mismo norte, que es defender cada uno y todos los intereses del pueblo de la ciudad de Justo Daract. Y que los vamos a defender, y que estamos con ustedes, lo que les pedimos que vayamos con paz y respeto”, transmitió.
Por su parte, Guinda manifestó que ahora resta “esperar el proceder de la justicia para determinar cuáles son los principales responsables dentro de la causa”.
Rechazaron la solicitud de una sesión extraordinaria que buscaba obtener informes sobre las irregularidades que presentaba la institución.
Los concejales Dalma Guinda, Kevin Coppari (La Libertad Avanza), Enzo Marchisio (Avanzar), Ramón Guerrero y Hernán Campos (UCR-Cambia San Luis) pidieron al Ejecutivo una sesión extraordinaria para que el intendente responda sobre los hechos que pasaron en el geriátrico del terror, en Justo Daract. Pero se las negaron.
Buscaban reunirse con el cuerpo legislativo, este viernes, para debatir y exigir al Ejecutivo Municipal los informes correspondientes alrededor de la clausura del establecimiento donde rescataron a 8 abuelitos de los maltratos y la mala alimentación.
La presidenta del HCD, Natalia Daiana Moure comunicó “que no median razones ni fundamentos válidos que ameriten la convocatoria solicitada”, y por lo tanto no hicieron lugar al pedido.
Fundamentaron que el órgano “no es competente para avocarse o dirimir” sobre los acontecimientos relacionados al hogar de ancianos.
“En la sesión queríamos solicitar un informe detallado, desde inspecciones en conjunto con el municipio y todas las áreas. Necesitamos información, por ejemplo, sobre una habilitación comercial que se dio a conocer en Facebook”, explicó Guinda en diálogo con El Chorrillero.
Consideró que el cuerpo legislativo no puede enterarse de los detalles del caso a través de las redes sociales.
“Creemos que gran parte de la responsabilidad es del área de instituciones. Debe haber un informe que diga qué sucedió, cómo sucedió y todo lo que viene pasando desde antes. No hubo un control como correspondía en ese momento”, sostuvo.
La edil señaló que un grupo de concejales del oficialismo local se reunió con el intendente Alfredo Domínguez, sin invitar ni informar a los bloques opositores: “Supongo y entiendo que fue una decisión en conjunto para negar esta sesión”.
Ante la negativa, los legisladores plantearon un plazo y solicitaron que se revea la determinación “porque es algo muy grave” donde deben intervenir y además contar con toda la información.
Tras 24 horas a la espera de una reconsideración, no recibieron respuestas: “Impidieron un debate democrático y silenciando los temas incómodos”. El pedido se dio por rechazado.
Este jueves, Guerrero, Campos y Guinda viajaron hacia Villa Mercedes para mantener una reunión en la Fiscalía N° 3 que interviene en la causa. Fueron atendidos por los fiscales adjuntos Marcelo Palacio y Andrea Court, quienes comunicaron sobre el proceso de allanamiento y el estado actual de la investigación.
Para esta tarde los vecinos se organizaron y convocaron una movilización en la puerta de la institución para exigir por el pedido de investigación al Ejecutivo Municipal, por el delito de acción pública.
