Se trata de Ahmad Vahidi, señalado por la Justicia como uno de los responsables del atentado. El Gobierno hizo el reclamo a Interpol en medio del viaje del iraní a Sri Lanka y Pakistán.
Argentina volvió a reclamar la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la justicia local como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.
Vahidi, que es requerido por la Justicia argentina, es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.
En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención.
Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.
Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina.
En el oficialismo consideraron que se trata del “primer golpe” que les “entra” desde que asumieron, pero negaron un desfinanciamiento en el sector. El plan “a largo plazo” que forma parte de la base ideológica de La Libertad Avanza
Desde las 17:00, cuando los manifestantes ya estaban llegando a la Plaza de Mayo, buena parte de los empleados de la Casa Rosada tenían autorización para retirarse y varios de los funcionarios de primera línea hicieron lo mismo, incluido el presidente Javier Milei, que se dirigió a la Quinta de Olivos para continuar trabajando desde allí.
Por la mañana, el vocero Manuel Adorni ratificó la postura que venían expresando distintos integrantes del Gobierno desde que se convocó la marcha universitaria: que “es legítimo cualquier reclamo” de los alumnos, pero que también se mezclaron “aquellos que hacen política”, de distintos partidos.
“Es casi un tren fantasma”, opinó Adorni sobre los dirigentes que participaron de la protesta, entre los que estaban los referentes de Unión por la Patria, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, de los sindicatos, de los movimientos sociales y de izquierda, como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), como Facundo Manes y Martín Lousteau, entre otros.
No obstante, las autoridades nacionales tomaron nota de las miles de personas que marcharon este martes en rechazo de la desfinanciación de las universidades, que fue la primera masiva que enfrentó esta gestión -se calcula que hubo cerca de 500 asistentes- y que incluso superó a las fuerzas de seguridad, que no pudieron evitar el corte del tránsito en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires.
“Es el primer golpe que nos entra”, reconoció a Infobae un importante dirigente de La Libertad Avanza, quien señaló que, de todas formas, el hecho de que la marcha se haya politizado terminó beneficiando al oficialismo.
El propio Presidente, de hecho, mientras se realizaba la manifestación, retuiteó varios videos de algunos de los protestantes que fueron entrevistados por los canales de televisión que cubrieron el evento, los cuales insultaban -e incluso amenazaban- al jefe de Estado.
Distintas fuentes cercanas al mandatario resaltaron que entre los oradores de la jornada estuvieron figuras que no están vinculadas al sector educativo, como Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
“El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos…”, sostuvo el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.
Sin embargo, en este contexto, el Gobierno remarcó en reiteradas oportunidades que están “lejos de querer cerrar las universidades”, sino que solamente reclaman que las casas de estudio acepten someterse a auditorías externas para que se conozca cómo se administran los fondos entregados por el Estado.
Lo que sí explican en la cúpula del Poder Ejecutivo es que en la ideología de libre mercado de Milei está la perspectiva de que la educación superior, así como otros servicios que actualmente son públicos, sea arancelada, aunque aclaran que “esa es una discusión para dentro de muchos años”.
“No es algo que esté en nuestros planes ni a corto ni a mediano plazo, porque vos no podés plantear que la gente pague por su carrera cuando no tiene para comer”, detalló un funcionario que visita asiduamente el Ministerio del Interior y el despacho del Presidente.
En este sentido, argumentó que la gran mayoría de los estudiantes que se reciben en las instituciones de gestión pública pertenecen a las clases media y alta, por lo que son personas que podrían pagar “una cuota módica”.
Incluso, comentó que las propias universidades están analizando formas de autosustentarse y buscando financiamiento externo, como “de parte de graduados que están en una buena posición económica”, pero remarcó que se trata “de una iniciativa de las autoridades de esas instituciones y el Gobierno solamente es un observador”.
En tanto, el propio Adorni adelantó una propuesta que sí está en agenda, que es comenzar a cobrarles una matrícula a aquellos estudiantes que no cuenten con la nacionalidad: “El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad pública a la Argentina lo pagamos nosotros. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero. Son temas que hay que atender, debatir, y no nos parece que sea una discusión que no deba darse”, expresó.
La actualización del impuesto a los combustibles líquidos que llegará en mayo tendrá un impacto de unos $70 en el surtidor si se aplica la reglamentación vigente, aunque se analiza dividirlo en dos tramos. Los próximos incrementos dependerán de la evolución de la inflación
A partir del primero de mayo está prevista una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que las petroleras –YPF, Shell, Axion y Puma Energy– trasladarán al surtidor. El aumento en los precios de la nafta y el gasoil será de al menos 8% en caso de que la suba del tributo contemple la inflación completa del cuatro trimestre de 2023, tal como estaba previsto originalmente, a lo que podría sumarse la devaluación mensual del 2% que aplica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el camino a valores internacionales que emprendieron las empresas del sector.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales que trabajan en el tema, el Gobierno no descarta que ese incremento del 8% se aplique en dos tramos divididos entre el mes que viene y junio para no sumar mayor presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Una vez resueltos los traslados pendientes del 2023 quedará en estudio la posibilidad de postergar nuevas subas del tributo, lo que dependerá de la evolución del indicador en abril y mayo.
Por caso, el ICL estuvo congelado desde mediados de 2021 hasta febrero pasado, cuando comenzó a aplicarse la primera de cuatro cuotas de incremento en base a la inflación trimestral de 2021 y 2022 según lo dispuesto por la Secretaría de Energía. El Ministerio de Economía espera sumar 0,5 puntos del PBI adicionales este año por este concepto para compensar el intento fallido en el Congreso de subir las retenciones con la primera “Ley Bases”. Una especie de atajo que encontraron para ayudar a sostener superávit fiscal.
El primero de marzo se computó la actualización del impuesto correspondiente al primer y segundo trimestre del 2023. En abril se aplicó la suba correspondiente al tercer trimestre. Los incrementos promedio de los combustibles fueron 7,5% y 4,6%, respectivamente, lo que totalizó un aumento del 110% desde que asumió Javier Milei.
Según lo definió el Gobierno a través del Decreto 107/2024, en mayo debería trasladarse el incremento correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, que será el de mayor impacto por la aceleración inflacionaria que generó la devaluación.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó a través de un informe al que accedió Infobae que ese proceso implica un incremento del impuesto de monto fijo de $70 que eleva el tributo desde $132 por litro a $202, es decir, un salto del 53 por ciento. Teniendo en cuenta los precios vigentes en YPF, proyectaron: “Considerando el valor de un litro de nafta súper, esta actualización del tributo (bajo el supuesto de traslado pleno) implicaría pasar de un valor de $966 a $1.036 en la ciudad de Córdoba, es decir, un incremento del 7,2%. En CABA pasaría de $837 a $907, aumentando un 8,3 por ciento”.
“Respecto al valor mínimo de la serie (octubre de 2023) el precio en la actualidad aumentó un 43% en términos reales. Comparando el valor máximo de la serie en octubre de 2018 el valor actual resulta un 33% menor. En los últimos meses, desde el pico alcanzado en enero de 2024, la caída real es del orden del 13%”, mencionaron.
Por otro lado, a principios de julio, el ICL debería actualizarse de acuerdo a la inflación del primer trimestre de 2024 para seguir con el esquema de actualización trimestral. “En efecto, el 1 de julio el impuesto debería subir un 51,6%, elevándose hasta los $306 por litro”, mencionó el Iaraf.
La consultora Economía y Energía coincidió en que el aumento del ICL será de 53,3% de acuerdo con el IPC del cuarto trimestre de 2023. Eso, indicaron, sumaría cerca de $62 para la nafta y $42 para el gasoil.
Desde el mes que viene las refinadoras podrían aplicar más aumentos para mejorar su rentabilidad teniendo en cuenta que, si bien se recuperaron del congelamiento que dispuso Sergio Massa en el final de su gestión, hubo una caída real en los últimos meses. Es que su objetivo es converger a los precios internacionales, para lo que aún falta entre 10 y 15% de incremento en los surtidores en base a las estimaciones del sector.
Otra clave será la decisión que tome el Gobierno a través de YPF, que concentra casi el 70% del mercado local. La petrolera estatal, a pedido del ministro de Economía Luis Caputo, moderó en los últimos meses el ritmo de incrementos que tenía previsto para no generar un impacto mayor en la inflación.
Se desploman las ventas
En ese contexto, el consumo se derrumbó ininterrumpidamente desde diciembre. Un informe de Politikon Chaco, en base a datos de la Secretaría de Energía, mostró que las ventas de combustible en todo el país alcanzaron en febrero los 1.363.437 metros cúbicos, el menor volumen desde julio de 2021. Estos son los últimos datos disponibles.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de “error enorme” la suba salarial en la Cámara de Senadores y admitió que el presidente Javier Milei tenía conocimiento de las intenciones del Senado.
“Había un comentario de que estaba dando vuelta un proyecto de incremento salarial y el Presidente dijo que no podían hacer eso y que si lo hacían los iba a exponer”, reveló Francos en una entrevista a Radio Rivadavia, y agregó: “Hacía tan poco tiempo que se había dado marcha atrás con lo anterior que parecía imposible”.
Luego de que la Cámara Alta aprobara el incremento salarial, Francos planteó: “Ha sido un error enorme del Senado la falta de sensibilidad al estado de ánimo colectivo. Esto fue hecho a menos de un mes del intento que fue vuelto atrás y todo el mundo vio la reacción de la gente”.
“Uno siente una decepción de que no se comprenda el reclamo de la gente. Me dolió mucho. La política queda disociada del pensamiento de la sociedad”, insistió el ministro.
Asimismo, remarcó que el bloque de La Libertad Avanza se posicionó en contra, pero que no cuenta con “los números suficientes” para rechazar la suba. Respecto al proyecto para retrotraer aumentos presentado por el PRO, el funcionario nacional planteó que desde el Poder Ejecutivo se presionará a través de la opinión pública, aunque aclaró que “el que decide es el Legislativo”.
“El Poder legislativo es independiente, nuestro bloque insistirá, pero hay que tener mayorías”, justificó al tiempo que reiteró la importancia de las elecciones 2025 para “mejorar la calidad del Senado, la de nuestros propios legisladores, que hagan experiencia, que aprendan”. “Hay que buscar gente que le de una aire nuevo a la política y a ambas cámaras”, subrayó respecto a la composición de la cámara.
FUERTES CRÍTICAS A CARRIÓ
En otro pasaje de la entrevista, el ministro se hizo eco de los dichos de la dirigente nacional de la Coalición Cívica (ARI), Elisa Carrió, quien aseguró que el objetivo de Milei es derogar la Constitución Nacional. “¿Carrió habla con Milei para saber lo que quiere?”, contrapuso Francos.
“Cómo va a decir irresponsablemente que va por la derogación de la Constitución. Salvo que hable con él y no nos hemos enterado, pero la verdad es que Milei tiene un respeto absoluto dentro de los poderes del Estado y jamás ha hablado de una reforma de la constitución y eso que la necesita reformas”, desarrolló.
Por último, sostuvo que “Carrió ha dicho tantas barbaridades en su vida pública, que ahora que está medio retirada parece que los sigue diciendo”, y calificó sus expresiones como “una falta de respeto”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó con dureza contra la marcha nacional universitaria convocada para este martes 23 y calificó el reclamo por el recorte presupuestario como “un berrinche”. Fue a manera de respuesta por el escrache que sufrió en EE.UU., mientras se fue de compras a un shopping.
En medio del creciente malestar en el ámbito educativo superior y la advertencia de las universidades por el riesgo de quedarse sin fondos, que obligue a una parálisis en su funcionamiento, el titular del Palacio de Hacienda renovó la ofensiva del Gobierno contra las casas de estudios.
El economista Gustavo Lazzari, aseguró a través de X que “he visto marchas pavotas pero como la del 23/4 por la universidad… ninguna” y enumeró los motivos por los cuales expresó esa afirmación “1) no está en riesgo 2) el presupuesto aumentó 3) marchar contra una auditoría es como hacerle un berrinche al médico clínico”, indicando que es “mejor saber que tenes 220 de colesterol para largar los postres”.
Ante esto, Caputo le respondió por el mismo medio: “Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público” y apuntando contra el reclamo universitario señaló que “el berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio”.
Asimismo, respaldó la postura de Javier Milei asegurando que “todo lo que dice el Presidente es cierto” en referencia a que “la gente es prioridad mil para algunos políticos”, a raíz de que “el Estado son todas ‘cajas’, y si querés combatir eso te dicen que ‘no entendés el juego político’”.
En relación a la continuidad del rumbo adoptado por el Gobierno frente al panorama descrito, el ministro de la cartera económica sostuvo que “si la gente sigue apoyando lo vamos a poder cambiar. Sin duda”.
En la previa de la marcha federal universitaria del martes 23 de abril, el conflicto entre el Gobierno y las universidades sigue escalando. Aunque desde el Ejecutivo convocaron para el martes 30 de abril a las casas de estudio para debatir la actualización de la financiación del presupuesto, anticiparon que no negociarán el proceso de auditoría sobre el manejo de los fondos.
El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, indicó en su cuenta de X que “pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”.
En el mismo tuit, Álvarez compartió el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, el cual establece que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”.
ESCRACHE
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue increpado en Estados Unidos por el presupuesto universitario: “Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente”.
El escrache se dio cuando Caputo miraba un par de zapatillas y una mujer lo cuestinó: “Sabés que soy, soy una doctora en química trabajando para el gobierno de los Estados Unidos gracias a haber estudiado en la universidad nacional que ustedes están tratando de liquidar”.
“Te estás aprovechando del loco ese que tenés de presidente para seguir robando. Delincuentes. Seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente”, arremetió la señora mientras filmaba al funcionario.
El titular de la cartera se encontraba de gira por Washington, en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
La agenda incluyó encuentros con representantes del organismo crediticio internacional y del Tesoro de los Estados Unidos.
El Gobierno es apuntado durante las últimas horas por el presupuesto de las universidades nacionales, que marcharán en los próximos días por la actualización de las partidas.
En este contexto, Caputo apuntó contra el reclamo de las casas de estudios y le respondió al economista y emprendedor Gustavo Lázzari: “Lacha querido, la política es un negocio para muchos, no un servicio público. El berrinche es el mismo que el de otros sectores que ven afectado ‘su negocio’”.
Apenas dos de cada cien empresas están pensando en contratar nuevos trabajadores en los próximos meses.
La actividad económica lleva tres meses consecutivos de caída y el panorama no da garantías de una pronta recuperación.
Debido a esto, apenas dos de cada cien empresas están pensando en contratar nuevos trabajadores en los próximos meses.
El dato surge de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora mensualmente la Secretaría de Trabajo.
El último informe presentado -correspondiente a febrero de este año- arrojó que el 95,2% de las empresas planea mantener su planta de personal, el 2,5% analiza despidos y apenas el 2,3% evalúa contratar nuevos trabajadores.
El estudio se centra sólo sobre empresas con 10 o más trabajadores, por lo que no están contempladas las micro empresas ni las pymes más chicas.
Si se analizan los datos históricos, se encuentra que la proporción de empresas que están pensando en aumentar su dosis de personal es la más baja de la última década.
Tomando como referencia los meses de febrero, el año pasado, por ejemplo, la cantidad de empresas que planeaba sumar nueva mano de obra era prácticamente el doble (4,1%).
En años con otro escenario económico, como 2017 y 2018, el porcentaje de firmas con intenciones de contratar nuevo personal ha llegado a superar al 10%.
QUÉ EMPLEADOS TODAVÍA SE BUSCAN.
La tasa de búsqueda (el 2,3%) se puede desglosar en cuatro partes, según el nivel de calificación que se requiere.
Los que mejores oportunidades tienen en este momento son los trabajadores “no calificados”, que tienen una tasa de búsqueda del 3%; le siguen los técnicos (1,5%), los operativos (1,4%) y finalmente los profesionales, cuya tasa de búsqueda es de apenas 0,9%.
Además, del total de búsquedas, el 81,5% es para sexo indistinto, el 12,8% requiere sí o sí de mujeres y sólo un 5,7% requiere de empleados del sexo masculino.
Otro dato que da cuenta de un escenario preocupante para el mercado laboral es la proporción de despidos sin causa.
Según la EIL, del total de personas que perdieron su trabajo en febrero, el 12,6% sufrió despidos sin justificación alguna.
Se trata del número más alto para esa época del año desde 2020 hasta hoy. Se supera por ejemplo el 10% de febrero del 2023 y el 5,2% de igual mes de 2022.
En tanto, la proporción de despidos con justa causa saltó de 2,7% en 2023 a 4,5% en 2024, mientras que las renuncias bajaron del 60,2% al 53,4%.
La Encuesta de Indicadores Laborales analiza también la evolución del mercado laboral en los últimos meses según rama de actividad.
En este caso, los últimos datos publicados muestran cierta tendencia de estancamiento en varios sectores y una fuerte caída en uno de ellos.
En detalle, creció 0,6% el empleo en la industria manufacturera (entre febrero de 2023 e igual mes de este año), mejoró 1% “servicios comunales, sociales y personales” y repuntó 1,7% el sector de “comercio, restaurantes y hoteles”. También mejoró la rama de “servicios financieros” (1,9%), mientras que “transporte, almacenamiento y comunicaciones” se mantuvo sin cambios (0% de variación).
Sólo un sector, la construcción, perdió trabajadores en los últimos doce meses, pero se trató de una fuerte baja del 11,2%.
Si se analizan los resultados por tamaño de empresa, se encuentra que se redujo 0,5% la cantidad de empleados en empresas de entre 10 y 49 trabajadores, se mantuvo (0,1% de variación) en empresas de 50 a 199 personas y creció 0,7% en firmas de 200 o más empleados.
Se cortaron partidas destinadas a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas con enfermedades graves de salud, científicos y obreros.
Por detrás del resultado fiscal superavitariodel primer trimestre que el Gobierno celebra hay un ajuste de enorme proporciones que afecta a la sociedad argentina en general y en particular a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas que sufren enfermedades graves de salud, científicos y obreros.
El dato que festejan Javier Milei y Luis Caputo no se debe al impacto positivo de una expansión económica ni tampoco a un ajuste inteligente de los gastos. Básicamente, el Gobierno permitió que se licúen o directamente dejó de pagar una buena porción de sus obligaciones, algunas de ellas de enorme impacto social.
Motosierra y licuadora
El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explica que a pesar de la caída de los ingresos del Tesoro en el primer trimestre en relación al mismo período del año pasado en términos reales, la merma de los gastos permitió que las cuentas dieran en positivo. Si no se toma en cuenta el pago de intereses de la deuda –que es lo único que creció–, la caída en términos reales del gasto primario del Estado es del 35,7 por ciento.
Así, al finalizar el primer trimestre de 2024, la Administración Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de 0,7 billones de pesos, en contraste con un déficit de 1,4 billones de pesos obtenido en igual período de 2023. Se trata del cuarto mayor valor de la serie que comienza en 2010.
La clave para explicar ese resultado es que el Gobierno está aplicando un ajuste feroz sobre la población. La mayor parte se explica por la caída real de las transferencias a jubilados y pensionados, la baja de los subsidios a las tarifas y el derrumbe casi a cero de la obra pública. A continuación, algunas de las grandes partidas afectadas:
*Jubilaciones: la inflación le ganó por goleada a la fórmula de movilidad, con una merma de poder adquisitivo del 42 por ciento en el primer trimestre. Los bonos compensaron sólo en una parte menor esta retracción, con lo cual la caída fue del 31,4 por ciento.
*Obra pública: el informe de la OPC destaca que los gastos de capital reflejaron una retracción del 83,3 por ciento en términos reales, a partir del masivo recorte de transferencias de capital para las empresas públicas, a provincias y municipios y también en la inversión real directa.
*Subsidios: a pesar del fuerte tarifazo, que redujo la necesidad de subsidios, todavía persisten fuertes deudas del Estado con Cammesa, Enarsa y las empresas del Plan Gas.
*Salarios: la partida de gasto corriente en personal del Estado muestra una caída del 16,8 por ciento interanual.
*Programas sociales: ajuste en las partidas para el Potenciar Trabajo (-50 por ciento real), Becas Progresar (-45,7 por ciento), programa Acompañar (-80 por ciento), Políticas Alimentarias (-81 por ciento).
Más en detalle, de acuerdo al CEPA, “se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de ‘Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Respuesta al VIH’, ‘Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra’ y ‘Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
Sobresale la parálisis de los proyectos viales en todo el país y el ajuste en el equipamiento en el sector educativo en el marco del Conectar Igualdad, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en partidas de Gestión Educativa. En materia científica, se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.
Se destacan los recortes de partidas para el funcionamiento de la Anses, el INAES y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, el SENASA, INTA e INTI.
En cambio, detalla el CEPA, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó el 18,5 por ciento del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023.
Crisis
El combo de motosierra y licuación fue suficiente para absorber la caída de los ingresos fiscales como motivo de la crisis económica. La recaudación tributaria cayó en términos reales un 9,6 por ciento en el primer trimestre.
Hacia el interior de los ingresos fiscales, se observa un derrumbe de los tributos asociados al mercado interno. La recaudación del impuesto a las Ganancias cayó 38,8 por ciento interanual, mientras que el IVA se redujo un 1 por ciento; Débitos y Créditos, un 10,8 por ciento y Seguridad Social, 23,3 por ciento. En cambio, el Impuesto PAIS creció un 304,1 por ciento en base a la devaluación y a la ampliación de la base imponible que aplicó esta gestión, junto al avance del 109,9 por ciento en los derechos de exportación.
A través de una nueva reglamentación del DNU, se establecen los requisitos y los plazos para su implementación con el objetivo de facilitar el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera más eficiente y segura.
Con el objetivo de impulsar la digitalización del sistema de salud argentino, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con la reglamentación del DNU 70/23, a través del Decreto N°345/2024, para la implementación obligatoria de la receta electrónica y este avance tecnológico tiene el propósito de mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos.
En la misma dirección, contempla la integración y estandarización de las plataformas digitales ya existentes en el sistema, la definición de un diccionario nacional de medicamentos y el seguimiento eficaz del tratamiento de los paciente, mientras que la medida se inscribe en las acciones dispuestas por el Gobierno nacional para aumentar la competitividad del mercado, lograr una mayor agilidad de la industria y minimizar costos.
A partir del 1° de julio entra en vigencia la implementación de la receta electrónica y/o digital será obligatoria en todo el país, mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia, mientras que, cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales promover el dictado de las leyes de adhesión jurisdiccional que contemplen los cambios en las respectivas leyes de ejercicio profesional y sus regímenes sancionatorios.
Las actuales implementaciones de receta electrónica y/o digital continúan vigentes en su uso, en tanto cumplan con los requisitos previstos en la presente reglamentación, los que en un futuro la normativa o la autoridad de aplicación establezca y en los términos del cronograma de implementación que se acuerde.
Los cuatro ejes esenciales
La adopción de la receta electrónica, cuyo modelo quedó establecido por el Decreto N° 63/24, responde a cuatro ejes esenciales:
La identificación de profesionales con capacidad para prescribir. Se garantiza el adecuado acceso a la identificación de los profesionales de la salud a través de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS). Este registro asegura que solo los profesionales debidamente acreditados puedan emitir prescripciones, manteniendo así la integridad y seguridad del proceso de prescripción.
Un Registro Nacional de Soluciones Informáticas. Se desarrolla un registro nacional que incluye las soluciones informáticas que brindan soporte en la gestión sanitaria. Este registro abarca tanto los softwares que emiten recetas electrónicas como aquellos utilizados por las farmacias para la gestión de la dispensación de medicamentos. Esta medida busca estandarizar y asegurar la calidad y seguridad de las plataformas utilizadas en todo el territorio nacional.
El Diccionario Nacional de Medicamentos. Se establece un diccionario nacional de medicamentos para que las soluciones de salud digital puedan utilizarlo como base de referencia. Esto permite que las recetas sean emitidas denominando a los medicamentos por su nombre genérico, facilitando la identificación y dispensación de los mismos. Este diccionario garantiza la uniformidad y precisión en la prescripción de tratamientos a nivel nacional.
La comunicación y acceso a las recetas y órdenes electrónicas. Se propicia un sistema eficiente de comunicación y acceso a las recetas y órdenes electrónicas emitidas. Esto incluye también la declaración de la dispensa de medicamentos, la información sobre el producto entregado y su eventual sustitución en las farmacias. Esta integración asegura un seguimiento eficaz del tratamiento prescrito al paciente, desde la prescripción hasta la dispensación.
Este sistema no solo facilitará el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera más eficiente y segura, sino que también promoverá la calidad en todo el proceso de atención médica.
Sobre la venta y despacho de medicamentos bajo receta
La venta y despacho deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable (director técnico y/o farmacéutico auxiliar), su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia.
Es responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la autoridad sanitaria establezca a tal efecto, mientras que las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante 3 años.(NA)
El Presidente aseguró que los ingresos excedieron 275 mil millones. “Ya hemos recorrido más de la mitad del camino”, indicó en referencia a la brutal crisis económica que azota al país.
El presidente Javier Milei anunció que en marzo el “sector público nacional tuvo un superávit de 275 mil millones de pesos”.
En un mensaje en cadena nacional transmitido este lunes, dijo que se logró “un superávit financiero del 0,2% del PBI en el primer trimestre año”.
El jefe de Estado aseguró que esto representa “una hazaña de proporciones históricas de nivel mundial”.
Además, aseguró que “entiende” que la ciudadanía está haciendo un esfuerzo económico desde que asumió su gobierno, pero destacó que “es el último tramo”.
“Es el último tramo de un esfuerzo heroico”, insistió Milei en su mensaje.
“Ya hemos recorrido más de la mitad del camino”, agregó el mandatario nacional.
La diputada, luego de la pelea con Karina Milei y Martín Menem, colapsó con vómitos y tiene una úlcera sangrante. Su familia le pide que directamente abandone La Libertad Avanza.
Marcela Pagano entró en una severa crisis que obligó a internarla luego de recibir este martes por la noche un llamado amenazante para que renuncie a la Comisión de Juicio Político, como pretenden Karina Milei y Martín Menem.
Allegados a la diputada libertaria confirmaron que luego del llamado comenzó con un episodio de vómitos que obligó a internarla. Según estas fuentes los médicos le diagnosticaron “ulcera sangrante” y luego de sedarla ordenaron sacarle el celular para tratar de bajarle los niveles de estrés.
La situación es de tal gravedad que la familia de Pagano le está pidiendo que directamente deje La Libertad Avanza.
En esa conversación Pagano le ofreció a su interlocutor, que habría sido Martín Menem, renunciar a todas las comisiones que integra, incluida la de Juicio Político, pero pidió a cambio “una salida digna” y advirtió su preocupación por no hacer algo ilegal, ya que su nombramiento fue votado por todos los diputados de la comisión.
El problema de Pagano es que los Menem y Karina Milei (foto) pretenden que desconozca el acta de su designación y la periodista no está dispuesta a dar ese paso y ofrece la renuncia, solución que hasta esta crisis no se le aceptaba.
La situación es de tal gravedad que la familia de Pagano le está pidiendo que directamente deje La Libertad Avanza.
La desesperación de Menem para que Pagano desconozca su designación se debe a que el PRO le había avisado que este este jueves no iba a acompañar el intento de desplazar a la periodista de la presidencia de la comisión de Juicio Político.
Como adelantó LPO en exclusiva, ni siquiera el PRO iba a acompañar al riojano en su embestida contra la periodista, dejándolo sin el quórum necesario para abrir la reunión paralela. El creciente malhumor del bloque macrista con el gobierno de Melei quedó en evidencia este martes cuando no acompañaron a los libertarios en el dictamen que pretendían imponer sobre la nueva fórmula jubilatoria.
En ese contexto, los diputados que respaldaron a Menem en su pelea contra Oscar Zago culparon a Pagano por el fracaso político de su propia jugada.
Sin el apoyo del macrismo, el radicalismo, el pichettismo y el peronismo, los libertarios se arriesgaban a presentarse a la reunión convocada por el presidente de la Cámara Baja sin alcanzar el número suficiente para sesionar. “A lo sumo juntan seis”, anticipó a un diputado macrista.
Asimismo, otra de las maniobras que evaluaba Menem en medio de la desesperación, era forzar una reunión de la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar el paquete fiscal, cuyo expediente protocolizado ingresó en las últimas horas.
“Busca tapar el vacío que le hizo el PRO y la derrota que eso implica convocando a una comisión que concentra la atención”, analizó un diputado peronista.
