Policiales

La joven de 25 años y sus nenes de cinco iban en un auto, conducido por su pareja. Colisionaron contra la camioneta, que era manejada por el hombre alcoholizado, en una esquina.

Casi una familia completa terminó la noche del domingo en el policlínico regional de Villa Mercedes, con lesiones en distintas partes del cuerpo. Una joven y sus dos hijos, de apenas cinco años, resultaron heridos luego de que al auto  en el que iban, y era conducido por el padre de familia, se le cruzara en el camino de manera imprevista una camioneta, que circulaba a contramano por una calle. El alcotest reveló, más tarde, que el conductor de ese otro rodado, además, estaba ebrio, porque tenía 1,82 gramos de alcohol en sangre.

Por fortuna, las heridas que sufrieron la mujer de 25 años y sus criaturas no resultaron ser graves. Según informó la Policía, luego de un par de horas en el hospital, les dieron el alta médica.

El choque ocurrió cerca de las 23. La familia iba en un Volkswagen Senda por calle Chile, de norte a sur. Al llegar al cruce con Justo Daract el auto manejado por el joven de 25 años colisionó contra una Volkswagen Amarok blanca, que apareció por esa otra calle, circulando de oeste a este, es decir en el sentido contrario al que debería.

Los inspectores de tránsito municipales les practicaron el examen para comprobar si habían tomado alcohol a ambos conductores. Y la prueba reveló que solo el hombre de 32 años había bebido.

Integra el Tribunal desde 2021 e intervino en casos resonantes como los juicios al ex senador del PJ y el hijo del ministro albertista.

La jueza Sandra Gabriela Ehrlich es protagonista de una polémica por su reciente decisión de ordenar que permanezca detenido en su casa Víctor Figueroa, el profesor que reconoció haber abusado a una nena de 5 años.

Este viernes, como integrante de la sala unipersonal del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial dispuso la prisión domiciliaria sin custodia policial de Figueroa que está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con corrupción de menores agravado”. Los delitos los cometió en 2021.

La magistrada obtuvo acuerdo del Senado en julio de 2021 y el 4 de agosto de ese año juró en el cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional N° 1, tribunal que ahora se denomina Colegio de Jueces.

La intervención en casos escandalosos

Sandra Gabriela Ehrlich presidió el tribunal que juzgó al ex funcionario, Francis Freixes, condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir por atropellar y matar a un empleado municipal que viajaba en moto por la ruta. El hijo del ex ministro albertista volvía en una Toyota Hilux de cazar con un grupo de amigos, entre lo que se encontraba un enfermero, fue acusado de abandonar a la víctima en el lugar del siniestro.

Este caso generó conmoción en la zona sur de la provincia.

Además intervino en el juicio al ex senador del Partido Justicialista, Ariel Rosendo, condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de robo simple (dos hechos), desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas.

La demanda se inició por el ingreso por la fuerza del sindicalista a la casa en la que había sido excluido por la Justicia por pedido de su ex pareja, Ivanna Massimino y que es propiedad del gremio SMATA cuando estaban en vigencia las medidas de restricción de circulación por la pandemia en mayo de 2020. La Fiscalía había pedido la pena de seis años de cárcel.

En este juicio Ehrlich fue vocal del tribunal que también conformaron Aníbal Astudillo y Daniela Estrada.

Su última resolución tuvo un alto impacto.

Los padres de la víctima organizaron anoche una marcha para pedirle a la Justicia que lo vuelvan a la cárcel al abusador. En horas del mediodía el gobernador Claudio Poggi los había recibido en su despacho de Casa de Gobierno para transmitirles su solidaridad,

“Yo aquí no opino como gobernador porque sé el lugar que tengo y se lo que significa la división de poderes, opino como ciudadano y papá, es necesario que este señor imputado espere el juicio en la cárcel y es necesario que esto se resuelva cuanto antes porque no hay más que probar si ya se autoconfesó responsable”, dijo el primer mandatario.

Ehrlich, para resolver, contempló lo previsto en el artículo 1º de la ley 24.390, que dispone que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia”. Entendió que los plazos previstos “se excedieron”.

Figueroa cumplía la medida coercitiva en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 17 de agosto de 2021.

La magistrada analizó “requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad como asimismo, la existencia de peligro procesal”.

Por razones funcionales, la Dirección de la Oficina Judicial del Colegio de Jueces en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial comunicó que la fecha del debate oral contra Figueroa fue fijada para abril del 2025, pero por la “agenda de los jueces” que constituirán el Tribunal se reprogramó para el 2 de junio del 2025. Los magistrados serán Cintia Martin, Hugo Saá Petrino Ariel Parrilis.

Ehrlich se recibió en 1995 de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de donde es oriunda.

En 2004 se trasladó a la provincia de San Luis. Comenzó trabajando como abogada relatora en la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis. Específicamente, en representación del Estado Provincial en causas civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativas.

Además, desde ese año y hasta 2012 fue profesora asociada en el Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”, en las materias Legislación en Seguridad Pública, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial.

También se desempeñó como secretaria relatora del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, desde octubre de 2012 hasta 2021.

Antes de mudarse a San Luis, trabajó en estudios jurídicos privados en las áreas de Derecho Civil, Comercial y Laboral. Realizó en 2003 una asesoría legal en el Subprograma Personas Jurídicas y Cooperativas, dependiente del ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales.

En el periodo 2022-2023 integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia (Jury) como magistrado suplente.

Claudio Poggi se puso a disposición de la familia tras la medida de la jueza Sandra Ehrlich de darle prisión domiciliaria a Víctor Hugo Figueroa, el exprofesor de básquet acusado de violar a la niña que asistía a sus clases en la Sociedad Italiana.

El mandatario recibió a José Martínez y Cecilia de la Canal, padres de la nena, en su despacho en la Casa de Gobierno y se puso a disposición para acompañarlos y ayudarlos en su pedido de justicia en nombre de su hija.

“Ante todo quiero agradecerle al Gobernador porque realmente nos brindó una respuesta inmediata. Yo intenté comunicarme con él el domingo a las 12 de la noche y el lunes a las 20:00 ya me estaban citando para que hoy estuviéramos acá, una predisposición total, un apoyo total por parte de él para con nosotros y para con nuestra niña”, manifestó el padre, quien señaló que su pedido “es como un acto desesperado, pero como yo le digo: ‘señor Gobernador, usted es la máxima autoridad de la provincia, no tenemos a nadie más arriba suyo a quien acudir para ver cómo nos puede ayudar en esto, en que se deje de dilatar el juicio’”.

“Todo esto estalló el viernes cuando por las redes sociales nos enteramos de que una jueza, la doctora Sandra Ehrlich, de manera totalmente arbitraria, sin notificarnos a nosotros, tomó la decisión de beneficiarlo con una prisión domiciliaria a este sujeto, a la espera de un juicio que terminaron pateándolo para junio de 2025. Tengamos en cuenta que la denuncia nuestra es del 8 de marzo de 2021. Van a pasar más de cuatro años para que la justicia logre conformar un tribunal y podamos llevar a juicio a este sujeto”, expresó Martínez, totalmente indignado.

Y agregó que en una audiencia de hace un par de meses, donde se solicitó un juicio abreviado, Figueroa se declaró culpable de absolutamente todos los cargos que se le leyeron. “La jueza esta, yo no sé si leyó la causa o no la leyó, qué es lo que pasó, pero acaba de mandar a la casa, sin pulsera y sin custodia policial, a un pedófilo confeso”, denunció el padre, e ironizó: “Está en su casa desde el viernes, si hace calor debe prender su aire acondicionado y si hace frío debe prender el calefactor. Cuando él nunca debería haber salido de la cárcel. Él ya es confeso, es un violador, pedófilo, es corruptor de menores, tiene muchos agravantes en la causa”.

Martínez explicó que su hija está con tratamiento psicológico porque “a ella le arrebataron su inocencia de raíz, la mataron en vida”. De común acuerdo con su terapeuta y su abogado, la niña no asiste más al colegio y hasta “no está en la provincia de San Luis porque a una persona se le ocurre dejar en libertad a un violador”.

De La Canal explicó que “hemos pasado un camino muy largo para poder encontrar un poquito de justicia y paz y la verdad que esta decisión fue lo último que necesitábamos para que nos fulminaran, pero vamos a seguir dando batalla y confiando y esperando a que nos abran las puertas y ser escuchados”.

Y agregó: “Me gustaría preguntarle a esta jueza qué pasó por su cabeza en el momento en que decidió dejar a este hombre en su casa sin seguridad, sin pulsera. Que me explique cuál es el amparo y la seguridad que le da a nuestra niña. Que me explique porqué es que se manejó con tanta impunidad y en qué momento los derechos de una criatura de 10 años pueden ser tan pisoteados y manoseados de esta manera”.

Durante una audiencia, Elías Gómez, detenido en el penal de San Luis, denunció haber sido torturado y afirmó haber oído cómo golpeaban al preso de la celda contigua, quien después se quitó la vida.

Durante una audiencia de reconocimiento de voz en el Juzgado de Garantías 1, Elías Gómez, quien cumple prisión preventiva en el penal de San Luis, denunció ante la jueza haber sido víctima de torturas. También reveló que escuchó cómo golpeaban al prisionero de la celda contigua, quien minutos después se quitó la vida.

El abogado de Gómez, Héctor Zavala, interrumpió la sesión para presentar un recurso de habeas corpus, argumentando un agravamiento de las condiciones de detención de su defendido. Según el testimonio de Gómez, el miércoles pasado, tras una visita, varios efectivos lo esposaron, lo forzaron a beber grandes cantidades de agua hasta casi asfixiarlo y luego lo golpearon en el estómago, hasta que le causaron vómitos. Indicó que entre los implicados estaban una vicejefa de la unidad y un jefe de guardia.

Ricardo López cuando fue trasladado al penal, luego se quitó la vida. Foto: archivo.

Gómez detalló que al día siguiente escuchó gritos y golpes provenientes de la celda contigua. La víctima, que pedía auxilio, fue golpeada antes de que lo dejaran solo. Gómez aseguró que poco después supo que el hombre se había ahorcado.

Aunque la jueza no hizo lugar al habeas corpus para mejorar las condiciones de detención, ordenó revisiones médicas, psicológicas, psiquiátricas y neurológicas para Gómez y dispuso que se tomen medidas para protegerlo de represalias. Además, según mencionó el letrado, puso bajo la responsabilidad de las autoridades del penal, incluida la directora y la vicejefa, la seguridad del detenido.

El Poder Judicial emitió un comunicado en donde asegura que la medida tiende a preservar el proceso judicial.

La polémica prisión domiciliaria que le dictaron al profesor de gimnasia acusado de abusar sexualmente de una alumna en Villa Mercedes causó diversas opiniones y una marcha organizada por los padres de la víctima para pedir que se revea el beneficio. Hasta el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, hizo declaraciones al respecto y pidió por el retorno del procesado a la cárcel.

El Poder Judicial mediante un comunicado de prensa intentó aclarar la decisión de la jueza Sandra Ehrlich, la firmante de la resolución que permitió que el acusado esté en su casa hasta el fin del debate oral, programado para junio del 2025. La primera manifestación del comunicado es que la audiencia se celebró ante un pedido del fiscal Ernesto Lutens para tratar el vencimiento de la prórroga de prisión preventiva.

“La decisión judicial estuvo basada en la normativa vigente. En primer lugar, la jueza contempló lo previsto en el artículo 1º de la ley 24.390 que dispone que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia”.

La mencionada norma también establece que  “cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada”.

El Poder Judicial informó que el acusado cumple prisión preventiva dese el 17 de agosto de 2021, por lo que el plazo estaba cumplido. Los delitos que se le imputan son “Abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con corrupción de menores agravado”.

Para resolver la domiciliaria, -dice el comunicado- la jueza “analizó requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad como asimismo, la existencia de peligro procesal”. En ese sentido, consideró que se excedió el plazo razonable de la prisión preventiva que establecen las normas referenciadas.

“Asimismo, también consideró atendibles los fundamentos dados por el Ministerio Público Fiscal y por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación a la situación de vulnerabilidad de la presunta víctima del delito. En este sentido, destacó la obligación surgida de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (“Convención de Belém Do Pará”) y  destacó que ello impone asegurar la realización del debate oral”, dice el comunicado.

Ehrlich estimó la obligación de mantener el “interés superior del niño” y, justamente por eso, consideró que “la medida de coerción del acusado es absolutamente necesaria para salvaguardar los fines del proceso”. Dijo que es la única manera de evitar que el presunto autor del delito intente obstaculizar la realización del juicio, alterando su curso. También se hace mención a la historia clínica del acusado, que “no fue objetada por ninguna de las partes”.

Durante su prisión domiciliaria, el acusado no podrá movilizarse sin autorización expresa del Tribunal, con excepción de estudios médicos, internaciones o consultas urgentes referidas a su salud y no podrá hacer “actos molestos o de hostigamiento ni efectuar comunicaciones de cualquier índole y por cualquier medio” con la presunta víctima y su familia.

También, se ordenó que personal policial se constituya en el domicilio donde se cumplirá la prisión preventiva, con una frecuencia diaria, y en distintos horarios a fin de constatar la presencia del imputado.

“Se le hizo saber al acusado -concluye el escrito- que la simple constatación del incumplimiento de las obligaciones impuestas, casos de inconducta, salidas sin la debida autorización de su domicilio, o ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de drogas o estupefacientes, conllevará la revocación en forma inmediata y sin más trámite de la Prisión Domiciliaria concedida, debiendo ser dispuesto su inmediato alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial”.

Un camionero que transportaba seis camionetas cero kilómetro sufrió el robo de una rueda en el peaje La Cumbre, en San Luis, en medio de una seguidilla de ataques a transportistas en las rutas provinciales.

Esta madrugada, en el peaje La Cumbre, jurisdicción de la comisaría 5ª, un camionero sufrió el robo de una rueda de una de las camionetas Ford Ranger cero kilómetro que transportaba. El hecho se suma a la seguidilla de robos que afectan a transportistas en las rutas de San Luis, generando preocupación en el sector.

El incidente ocurrió cerca de las 5:00, cuando el conductor de 44 años, quien trabaja para la empresa CAT Argentina, se estacionó al costado de la calzada para descansar. El chofer, oriundo de Pilar, Córdoba, trasladaba seis camionetas nuevas desde Buenos Aires hacia Mendoza en un camión Iveco con un semirremolque cargado de vehículos. Según declaró, al quedarse dormido, se despertó por el movimiento de su camión y, al mirar por la ventanilla, vio a dos hombres descender rápidamente del semirremolque y escapar en un Fiat Cronos gris con vidrios oscuros en dirección a San Luis.

Continuará en un calabozo hasta el miércoles. Ese día si no llega a un acuerdo con la Municipalidad, la Fiscalía probablemente pedirá su prisión preventiva.

Luego de casi 80 clausuras municipales sobre sus espaldas, una de las cuales tenía una sentencia firme por parte del Juzgado de Faltas, el dueño de motel Tops está detenido en una comisaría de Villa Mercedes. Lo arrestaron y lo imputaron justamente por desobedecer la orden judicial, puesto que jamás acató el fallo del Tribunal; rompió las fajas de clausura y siguió recibiendo clientes en el alojamiento. Continuará tras las rejas, en principio, hasta el miércoles. Ese día el juez de Garantías Santiago Ortiz definirá si mantendrá la imputación en su contra. Mientras tanto sus abogados dialogan con los representantes municipales porque el acusado reconoce que tiene una deuda con el Municipio y su intención es saldarla para que la causa no llegue más lejos. Está en juego su libertad, y posiblemente en tres días la Fiscalía solicite su prisión preventiva.

El hombre fue demorado la tarde del jueves, en medio de un allanamiento a su motel. El fiscal instructor José Olguín fue quien encabezó esa requisa. El representante del Ministerio Fiscal llegó con un grupo de policías hasta el alojamiento, ubicado en Lamadrid y Taboada Mora, para constatar si el lugar efectivamente estaba en funcionamiento. Como corroboró con sus propios ojos que así era, porque en las habitaciones había clientes y el personal del establecimiento trabajaba, Olguín ordenó la aprehensión de su propietario y el secuestro de todo lo que hacía a la actividad del motel, desde los teléfonos hasta las sábanas y los colchones de las camas. Al final del procedimiento policial, las habitaciones quedaron vacías.

Unas horas más tarde el propietario de Tops quedó detenido. Durante la mañana del viernes fue trasladado a los tribunales, donde el fiscal adjunto Marcelo Palacio le formuló cargo por el delito de “Desobediencia de una orden judicial”. El letrado recordó, de manera breve, la cantidad de veces que el local fue clausurado y que el imputado ignoró esas inhabilitaciones, incluida la clausura definitiva del 21 de septiembre de 2021. Refirió que el 17 de septiembre pasado un grupo de inspectores municipales constataron la desobediencia cuando arribaron allí y advirtieron la presencia de clientes.

Respecto al allanamiento del jueves mencionó que, además del mobiliario secuestrado, también incautaron 24 planillas de control de ingresos, que daban cuenta de la actividad registrada en el motel entre el 10 y 24 de octubre.

A su turno, los defensores Bautista Rivadera y Federico Masini solicitaron cinco días de prórroga del arresto, para tener tiempo suficiente de estudiar la causa y analizar las alternativas más convenientes para su cliente. Una de esas salidas es la de que el acusado logre un acuerdo con la Municipalidad para saldar la deuda que arrastra por el no pago de las tasas comerciales y las multas que le labraron a lo largo de tantos años y que, en definitiva, lo llevaron a las decenas de clausuras. “Mi cliente reconoce que hay una deuda y está dispuesto a negociar con el Municipio, en términos razonables, para cubrir ese pago”, le comentó Rivadera a El Diario.

Pero si el propietario de Tops no llega a una conciliación, el proceso judicial en su contra continuará. Por eso Rivadera requirió la realización de informes socio-ambientales para dar cuenta de que su cliente tiene arraigo y no intentará irse de la ciudad para escapar de la Justicia, porque tiene a su familia en Villa Mercedes. El abogado explicó, por otro lado, que en el caso de condena, la pena por “Desobediencia de una orden judicial” es mínima, va de 15 días a un año de prisión. Es decir que, en el hipotético caso de que el dueño del motel sea sentenciado por ese delito, el cumplimiento de esa pena no será en la cárcel sino que será en libertad porque es de ejecución condicional. Entonces con mucho menos razón, intentará eludir el accionar judicial, recalcó.

En la audiencia también estuvieron presentes como abogados querellantes Tito Fernández, en representación del dueño de una cadena de moteles de Villa Mercedes, que fue quien denunció a Tops, y también Laura Marcolini, la abogada del hijo del hombre que falleció, por causas naturales, en Tops el pasado lunes 14. Si bien el juez de Garantías aceptó la participación de Marcolini en la causa, Rivadera se opuso. “La muerte del señor, que fue como cliente al lugar, no tiene nexo causal con la desobediencia judicial. Acá no discutimos si su muerte tuvo vinculación con la desobediencia” que, de hecho, no la tuvo porque la persona murió de un infarto apenas puso un pie en una de las habitaciones del motel, explicó el defensor.

Mientras tanto el personal que hasta la tarde del jueves trabajaba en Tops espera una resolución favorable para su jefe y verlo nuevamente en libertad. Según trascendió, los empleados del acusado tienen mucho aprecio por el hombre y esperan conservar su trabajo ahí.