La investigación que se lleva adelante por el vaciamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, está llamada a convertirse en la vedette de las causas de corrupción que involucran al anterior gobierno. Pero que también salpican a funcionarios del actual.
Luego de los impactantes allanamientos que realizó la justicia en los domicilios de los principales sospechosos, entre ellos el anterior administrador Joaquín Beltrán, su pareja Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero (jefe de Eventos), Exequiel Alberto Scarel (coordinador de la Casa de la Música) y Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro), los fiscales se encuentran analizando las pruebas y ordenarían nuevas medidas en los próximos días.
Se supo que la defensa de los denunciados la ejercen dos dirigentes políticos de vasta experiencia –y mañas-, como son los abogados Carlos Cobo y Gonzalo Estrada, que comparten afinidad con Alberto Rodríguez Saá y coinciden en sus diferencias tanto con Poggi como con Frontera. Su presencia y variedad de recursos, garantiza que en este culebrón, cualquier cosa puede suceder.
En este contexto, circuló y se viralizó en redes sociales la grabación de la charla telefónica que mantuvieron el actual administrador del complejo, Pablo Fernando González, con el diputado provincial, Joaquín Beltrán (fotos de portada).
Durante la conversación González aparece como disculpándose y atajándose de la denuncia que hizo oportunamente, “por dichos de otros”. Más preocupado por afirmar que el cargo no le interesa, porque él se dedica a otros negocios más lucrativos, y que no tiene nada personal contra Beltrán. Incluso asegura insólitamente que todo lo armó Ricardo Bazla (Secretario de Ética Pública) por instrucciones de Frontera (¿?).
Como si fuera poco, asegura que lo obligaron a ratificar la denuncia y que no lo dejan renunciar, pero que lo suyo pasa por hacer negocios, “como hacía con Gustavo Morales en (el boliche) Barrio Bajo…”, ejemplifica.
Por lo que Apuntes de San Luis pudo averiguar, la grabación fue incorporada a la causa por parte de la Defensa de los imputados, quedando claro que fue el propio Beltrán el que la hizo y dejando como un pavo al actual Director del Molino Fénix, quien ahora tiembla cuando escucha el teléfono.
Más allá del escaso valor probatorio que pueda tener una grabación efectuada sin intervención judicial, políticamente el diálogo intenta instalar la duda sobre el proceso y dejar entrever que hay una persecución judicial, lo cual coincide con la defensa que hizo en redes la propia Anabela Lucero, tras ser allanada en su coqueta casa del barrio 1.000 Viviendas.
PRÓXIMAS MEDIDAS
En lo que resta de noviembre y diciembre se tomarán medidas que provocarán fuertes cimbronazos, según trascendió de fuentes tribunalicias. Tanto para la suerte personal de los involucrados en este sonado caso, como también en términos políticos. Por un lado, el fiscal José Olguín y su adjunto Marcelo Palacios, tendrían en carpeta ordenar nuevas medidas, tras analizar cierta documentación secuestrada en los allanamientos, que tienen que ver con contrataciones efectuadas en la anterior gestión del Complejo Molino Fénix.
También podrían disponer otros allanamientos y ampliaciones de testimoniales que ya se han tomado, y que sindican la “intervención directa” en las órdenes de Anabela Lucero, que asumirá el 1° de diciembre como consejera titular del Consejo Provincial Justicialista y que forma parte del estecho círculo de amistad de Alberto padre e hijo.
Lo anterior es central, porque hasta ahora la ex administradora no había sido denunciada, dado que hasta diciembre de 2023 se desempeñó como diputada provincial. Pero los empleados que declararon aseguran, no obstante, que junto con su pareja Joaquín Beltrán “eran los que daban órdenes y manejaban todo”.
Por otro lado, también se habría recuperado de las computadoras información de los movimientos económicos, compras y contrataciones, en las que aparecen “numerosas empresas y monotributistas” a los que se llamaría a declarar.
Como si fuera poco, también habrían aparecido filmaciones de los últimos días de la gestión de Beltrán y sus colaboradores, cuando supuestamente se retiraban elementos en horas de la noche, tomadas de cámaras que no serían las propias del Molino Fénix, cuyas grabaciones fueron borradas.
Con este arsenal probatorio, la fiscalía estaría en condiciones de avanzar hacia la formulación de cargos, con lo cual no hay que descartar que aparezcan nuevos acusados y que la imputación sea por “asociación ilícita”, según interpreta un penalista que algo sabe de estas cosas.
En este orden, el próximo paso remite a lo actuado en el caso del ex senador Ariel Rosendo, cuando fue procesado penalmente en setiembre de 2020, por cuestiones menos gravosas. Si como trascendió, la contundencia de las pruebas lleva a un cambio de carátula (originalmente es por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y peculado”), la justicia podría solicitar a la Cámara Baja el desafuero del diputado Joaquín Beltrán. Habrá que ver si los plazos dan para que se produzca antes de la próxima Navidad o pasa para el próximo período de sesiones ordinarias.
Este sería el paso previo para que la causa avance hacia un juicio oral y público, en el cual podrían ventilarse detalles escandalosos del manejo de este organismo público, que supo ostentar un millonario presupuesto y sin ningún control. Proceso que coincidiría, casualmente, con las elecciones de 2025.
Por eso la afirmación del principio, en torno de la relevancia que caracteriza a esta causa de corrupción que, incluso, podría relegar a un segundo plano a la que tiene entre las cuerdas a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramirez.
Por E.Gargiulo