Apenas se conoció el rechazo de la iniciativa en la Cámara de Diputados, que proponía ampliar el presupuesto para pasar a planta contratada a los trabajadores del Plan de Inclusión, un gran número de beneficiarios comenzó a quemar cubiertas, elevó los gritos y tras romper una valla logró ingresar hasta la explanada del edificio legislativo.
Los trabajadores bloquearon las salidas de ingreso e impidieron que se retiren los legisladores. Alguna piedra que se arrojó rompió el vidrio de un despacho.
Entre los manifestantes hubo algunos con su rostro tapado que promovían la quema del edificio o los autos de los diputados. Otros proponían no retirarse hasta tanto no se hiciera presente el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá, a quien le reprochaban haberles mentido cuando les hizo firmar los contratos sin contar con la autorización respectiva por la ley de presupuesto vigente.
El cántico h.. de … p se repitió en la boca de una multitud enardecida que mantuvo de rehenes a los diputados, imposibilitados de salir y retirarse, ante el peligro para su integridad que representa enfrentar a los manifestantes.
En medio de un tremendo griterío, salieron a intentar dialogar y pacificar los ánimos el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz y la presidenta de la Cámara Baja, Silvia Sosa Araujo, quienes descargaron la responsabilidad en los legisladores opositores que votaron en contra del proyecto, pero recibieron una rechifla generalizada e insultos de los manifestantes, quienes los acusaron de haber usado a los beneficiarios con fines políticos.
Con el paso de las horas siguieron llegando fuerzas policiales, que se ubicaron no sólo en el interior del edificio sino también en los alrededores.