Integra el Tribunal desde 2021 e intervino en casos resonantes como los juicios al ex senador del PJ y el hijo del ministro albertista.
La jueza Sandra Gabriela Ehrlich es protagonista de una polémica por su reciente decisión de ordenar que permanezca detenido en su casa Víctor Figueroa, el profesor que reconoció haber abusado a una nena de 5 años.
Este viernes, como integrante de la sala unipersonal del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial dispuso la prisión domiciliaria sin custodia policial de Figueroa que está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con corrupción de menores agravado”. Los delitos los cometió en 2021.
La magistrada obtuvo acuerdo del Senado en julio de 2021 y el 4 de agosto de ese año juró en el cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional N° 1, tribunal que ahora se denomina Colegio de Jueces.
La intervención en casos escandalosos
Sandra Gabriela Ehrlich presidió el tribunal que juzgó al ex funcionario, Francis Freixes, condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir por atropellar y matar a un empleado municipal que viajaba en moto por la ruta. El hijo del ex ministro albertista volvía en una Toyota Hilux de cazar con un grupo de amigos, entre lo que se encontraba un enfermero, fue acusado de abandonar a la víctima en el lugar del siniestro.
Este caso generó conmoción en la zona sur de la provincia.
Además intervino en el juicio al ex senador del Partido Justicialista, Ariel Rosendo, condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de robo simple (dos hechos), desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas.
La demanda se inició por el ingreso por la fuerza del sindicalista a la casa en la que había sido excluido por la Justicia por pedido de su ex pareja, Ivanna Massimino y que es propiedad del gremio SMATA cuando estaban en vigencia las medidas de restricción de circulación por la pandemia en mayo de 2020. La Fiscalía había pedido la pena de seis años de cárcel.
En este juicio Ehrlich fue vocal del tribunal que también conformaron Aníbal Astudillo y Daniela Estrada.
Su última resolución tuvo un alto impacto.
Los padres de la víctima organizaron anoche una marcha para pedirle a la Justicia que lo vuelvan a la cárcel al abusador. En horas del mediodía el gobernador Claudio Poggi los había recibido en su despacho de Casa de Gobierno para transmitirles su solidaridad,
“Yo aquí no opino como gobernador porque sé el lugar que tengo y se lo que significa la división de poderes, opino como ciudadano y papá, es necesario que este señor imputado espere el juicio en la cárcel y es necesario que esto se resuelva cuanto antes porque no hay más que probar si ya se autoconfesó responsable”, dijo el primer mandatario.
Ehrlich, para resolver, contempló lo previsto en el artículo 1º de la ley 24.390, que dispone que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia”. Entendió que los plazos previstos “se excedieron”.
Figueroa cumplía la medida coercitiva en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 17 de agosto de 2021.
La magistrada analizó “requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad como asimismo, la existencia de peligro procesal”.
Por razones funcionales, la Dirección de la Oficina Judicial del Colegio de Jueces en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial comunicó que la fecha del debate oral contra Figueroa fue fijada para abril del 2025, pero por la “agenda de los jueces” que constituirán el Tribunal se reprogramó para el 2 de junio del 2025. Los magistrados serán Cintia Martin, Hugo Saá Petrino Ariel Parrilis.
Ehrlich se recibió en 1995 de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de donde es oriunda.
En 2004 se trasladó a la provincia de San Luis. Comenzó trabajando como abogada relatora en la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis. Específicamente, en representación del Estado Provincial en causas civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativas.
Además, desde ese año y hasta 2012 fue profesora asociada en el Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”, en las materias Legislación en Seguridad Pública, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial.
También se desempeñó como secretaria relatora del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, desde octubre de 2012 hasta 2021.
Antes de mudarse a San Luis, trabajó en estudios jurídicos privados en las áreas de Derecho Civil, Comercial y Laboral. Realizó en 2003 una asesoría legal en el Subprograma Personas Jurídicas y Cooperativas, dependiente del ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales.
En el periodo 2022-2023 integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia (Jury) como magistrado suplente.