Continuará en un calabozo hasta el miércoles. Ese día si no llega a un acuerdo con la Municipalidad, la Fiscalía probablemente pedirá su prisión preventiva.
Luego de casi 80 clausuras municipales sobre sus espaldas, una de las cuales tenía una sentencia firme por parte del Juzgado de Faltas, el dueño de motel Tops está detenido en una comisaría de Villa Mercedes. Lo arrestaron y lo imputaron justamente por desobedecer la orden judicial, puesto que jamás acató el fallo del Tribunal; rompió las fajas de clausura y siguió recibiendo clientes en el alojamiento. Continuará tras las rejas, en principio, hasta el miércoles. Ese día el juez de Garantías Santiago Ortiz definirá si mantendrá la imputación en su contra. Mientras tanto sus abogados dialogan con los representantes municipales porque el acusado reconoce que tiene una deuda con el Municipio y su intención es saldarla para que la causa no llegue más lejos. Está en juego su libertad, y posiblemente en tres días la Fiscalía solicite su prisión preventiva.
El hombre fue demorado la tarde del jueves, en medio de un allanamiento a su motel. El fiscal instructor José Olguín fue quien encabezó esa requisa. El representante del Ministerio Fiscal llegó con un grupo de policías hasta el alojamiento, ubicado en Lamadrid y Taboada Mora, para constatar si el lugar efectivamente estaba en funcionamiento. Como corroboró con sus propios ojos que así era, porque en las habitaciones había clientes y el personal del establecimiento trabajaba, Olguín ordenó la aprehensión de su propietario y el secuestro de todo lo que hacía a la actividad del motel, desde los teléfonos hasta las sábanas y los colchones de las camas. Al final del procedimiento policial, las habitaciones quedaron vacías.
Unas horas más tarde el propietario de Tops quedó detenido. Durante la mañana del viernes fue trasladado a los tribunales, donde el fiscal adjunto Marcelo Palacio le formuló cargo por el delito de “Desobediencia de una orden judicial”. El letrado recordó, de manera breve, la cantidad de veces que el local fue clausurado y que el imputado ignoró esas inhabilitaciones, incluida la clausura definitiva del 21 de septiembre de 2021. Refirió que el 17 de septiembre pasado un grupo de inspectores municipales constataron la desobediencia cuando arribaron allí y advirtieron la presencia de clientes.
Respecto al allanamiento del jueves mencionó que, además del mobiliario secuestrado, también incautaron 24 planillas de control de ingresos, que daban cuenta de la actividad registrada en el motel entre el 10 y 24 de octubre.
A su turno, los defensores Bautista Rivadera y Federico Masini solicitaron cinco días de prórroga del arresto, para tener tiempo suficiente de estudiar la causa y analizar las alternativas más convenientes para su cliente. Una de esas salidas es la de que el acusado logre un acuerdo con la Municipalidad para saldar la deuda que arrastra por el no pago de las tasas comerciales y las multas que le labraron a lo largo de tantos años y que, en definitiva, lo llevaron a las decenas de clausuras. “Mi cliente reconoce que hay una deuda y está dispuesto a negociar con el Municipio, en términos razonables, para cubrir ese pago”, le comentó Rivadera a El Diario.
Pero si el propietario de Tops no llega a una conciliación, el proceso judicial en su contra continuará. Por eso Rivadera requirió la realización de informes socio-ambientales para dar cuenta de que su cliente tiene arraigo y no intentará irse de la ciudad para escapar de la Justicia, porque tiene a su familia en Villa Mercedes. El abogado explicó, por otro lado, que en el caso de condena, la pena por “Desobediencia de una orden judicial” es mínima, va de 15 días a un año de prisión. Es decir que, en el hipotético caso de que el dueño del motel sea sentenciado por ese delito, el cumplimiento de esa pena no será en la cárcel sino que será en libertad porque es de ejecución condicional. Entonces con mucho menos razón, intentará eludir el accionar judicial, recalcó.
En la audiencia también estuvieron presentes como abogados querellantes Tito Fernández, en representación del dueño de una cadena de moteles de Villa Mercedes, que fue quien denunció a Tops, y también Laura Marcolini, la abogada del hijo del hombre que falleció, por causas naturales, en Tops el pasado lunes 14. Si bien el juez de Garantías aceptó la participación de Marcolini en la causa, Rivadera se opuso. “La muerte del señor, que fue como cliente al lugar, no tiene nexo causal con la desobediencia judicial. Acá no discutimos si su muerte tuvo vinculación con la desobediencia” que, de hecho, no la tuvo porque la persona murió de un infarto apenas puso un pie en una de las habitaciones del motel, explicó el defensor.
Mientras tanto el personal que hasta la tarde del jueves trabajaba en Tops espera una resolución favorable para su jefe y verlo nuevamente en libertad. Según trascendió, los empleados del acusado tienen mucho aprecio por el hombre y esperan conservar su trabajo ahí.