Ariel Ayello
Fue convocada por la Sociedad Rural Río V y tuvo a varios sectores representados. Hartazgo y desamparo transmitieron en sus relatos los damnificados que fueron a pedir respuesta a las autoridades del Gobierno, que habían comprometido su presencia pero no llegaron.
Vecinos, comerciantes, representantes de instituciones agropecuarias, emprendedores y productores se reunieron por un tema que los atraviesa a todos y que cada vez es peor. La Sociedad Rural Río V convocó a una asamblea y hablaron de la inseguridad en Villa Mercedes.
El encuentro tuvo lugar en el predio La Fortuna este lunes por la tarde y hubo una gran concurrencia. Comenzó más tarde de lo previsto porque el ministro de Seguridad, Claudio Latini había confirmado su presencia, como también los integrantes de la plana mayor, pero todos faltaron. Fue una decepción para muchos productores que se quedaron atragantados con la bronca de que “nadie se hace cargo”.
“Este flagelo está afectando a Villa Mercedes y a la región de tal forma que ya es imposible vivir, en el campo es difícil producir, en el comercio no hay semanas donde hay tres, cuatro o cinco casos de robos y asaltos, y en las viviendas igual”, comenzó diciendo el presidente de la entidad rural, Ariel Ayello, que estuvo acompañado por el protesorero, Daniel Casella.
La oportunidad fue precisa para que se desnudaran casos muy graves como la participación de efectivos de la fuerza provincial en casos de abigeatos. Y lo que es peor: están libres o trabajando porque fueron reincorporados. Todos los que participaron compartieron las malas experiencias y la tristeza. Tenían muchas cosas que decir.
“Esto no es política partidaria, invitamos a todas las autoridades y representantes, hasta los fiscales. Desde la entidad siempre reclamamos por lo mismo, pero era necesario que el ciudadano común, no solo el agropecuario, pueda decir en primera persona cómo transita este momento”, señaló Ayello.
Apuntó que el problema “creció, fue mutando y que los hechos son cada vez más violentos”.
“Falta empatía, y una política de estado para pelear contra esto”, añadió.
En el encuentro decidieron armar un documento que entregarán a las autoridades que asumirán el 10 de diciembre, donde se fijen alternativas que ayuden a “ordenar” la seguridad en todos los ámbitos de la sociedad. Casella recordó que el gobernador electo Claudio Poggi los escuchó y se “comprometió” a trabajar en conjunto para que muchas cosas cambien.
Hicieron hincapié e insistieron en la necesidad de realizar las denuncias, aunque mucha gente “está desanimada” y cree que es solo una pérdida de tiempo. Consideraron que es “la única herramienta” que permite luego exigir acciones: “De lo contrario te dicen que San Luis el pago de los amigos, pero no es así porque al 90% ya les han robado”.
El senador Adolfo Castro Luna, de Avanzar, fue el único legislador en la reunión. “Llevan mucho tiempo reclamando lo mismo, y son planteos lógicos. Como oposición en la Legislatura hemos realizado pedidos de informes a los ministros, primero a Luciano Anastasi y luego a Claudio Latini, y también interpelaciones para saber cuáles son las políticas de seguridad, a sabiendas que había una creciente ola de robos, pero nunca se logró concretar”, comentó.
También lamentó la ausencia de los funcionarios provinciales: “Era una oportunidad para preguntarle como un ciudadano en qué estado dejaban la seguridad, pero se negaron”.
También acompañaron el presidente de Cartez, Patricio Kilmurray, que viajó desde Córdoba; el presidente de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes, Darío Sánchez, y representantes del INTA.
Si bien Miguel Bonino es un dirigente del radicalismo (ex intendente), aclaró que concurrió como un ciudadano más, víctima de la inseguridad. “Estos por suerte ya se van y no tienen la voluntad política de solucionarlo. Pero esto hay que agregarle otro flagelo que es la droga en los sectores marginales. El paco está azorando a la ciudad, y donde hay paco hay cocina. No hay posibilidad que el paco que se distribuye venga de Buenos Aires, y esto es la voluntad política”.
Contó que al comercio que está delante de su propiedad ya le robaron 4 veces en 60 días. “Tuve además en mi casa un criadero de cerdos, 20 años, y lo terminé cerrando porque me ganaron los ladrones. No sé la cantidad de denuncias que hice”, añadió.
Varios plantearon que la comisaría de La Ribera no alcanza a cubrir la demanda de la jurisdicción, y que encima de eso solo tiene “un efectivo o dos” para la atención. “Te dicen que no tienen móviles, o que no pueden hacer la denuncia porque si se encierra en la oficina no hay quién atienda a la otra gente”, añadieron en un ida y vuelta.
Lo más impactante se escuchó en el tramo final del encuentro. Dos vecinos contaron que descubrieron a policías faenando sus campos, y que sin embargo no están presos.
En el caso más viejo, el efectivo fue desplazado por un tiempo “pero ya fue nuevamente reincorporado”. En el segundo se trata de dos integrantes de la fuerza que han sido apartados, o sea que están en disponibilidad, pero que no están detenidos. Fueron identificados pero la Justicia no ha tomado medidas todavía porque “está investigando”. El caso lo tiene el fiscal Maximiliano Bazla.