Actualidad

MENDOZA.- La provincia da un paso más contra la corrupción. Finalmente, en tierra cuyana se aprobó y reglamentó la ley de “Ficha limpia”, mientras en el Congreso nacional la iniciativa sigue un camino incierto. En tanto, en Chubut la propuesta también tuvo resultado positivo, en Salta está en debate y en Neuquén fue rechazada.

De esta manera, en “la tierra del sol, el buen vino y el conocimiento” ya no podrán ser candidatos ni acceder a un cargo público aquellas personas que hayan sido condenadas en primera instancia por los delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros. La iniciativa contó con el apoyo ciudadano, a través de un movimiento nacional de recolección de firmas en la plataforma Change.org, donde se sumaron casi 400.000 avales.

En las últimas horas, el gobernador radical mendocino Rodolfo Suárez decidió avanzar con el proyecto de ley sancionado días atrás en la Legislatura provincial. “Esta norma, nos posiciona como la primera provincia que impide a quienes cometieron delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, acceder a una candidatura u ocupar un cargo público de funcionario”, indicó el jefe del Ejecutivo local en las redes sociales, y agregó: “Este avance enorme en materia institucional, abarca a todos los poderes del Estado, y forma parte de la esencia del fortalecimiento del sistema democrático, combatiendo la impunidad en la función pública”.

Antes de la aprobación en la Casa de las Leyes y la posterior reglamentación del Gobierno, la iniciativa experimentó varios cruces entre oficialismo y oposición, sobre todo por la inconstitucionalidad planteada por el justicialismo, al impedir participar del proceso a una persona que no cuenta con sentencia firme.

La ley, bajo la autoría de los legisladores radicales María José Sanz y José Orts, consiste básicamente en una modificación de la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Así, los sentenciados no podrán ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. Asimismo, incorpora nuevos delitos que impedirán la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2551 – Ley Electoral de la provincia -, disponiendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales. “No podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (.), las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública”, indica el texto aprobado. Esto es, de acuerdo con el Código Penal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. También contempla delitos contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.

Uno de los principales cambios que se acordaron en el Senado al proyecto original a mediados de noviembre, fue la incorporación del delito de homicidio simple como condicionante a la hora de aspirar a un cargo electivo. Luego, la iniciativa volvió a Diputados para su sanción definitiva, a fines del mes pasado.

Asimismo, se incorporaron todos los delitos graves condenables como delito contra la propiedad: robo cuando es seguido de muerte; conducción imprudente que cause víctimas fatales; delitos contra la libertad; extorsión; coacciones agravadas; estafas agravadas cuando tiene perjuicio para el Estado; y delitos contra el orden público y contra los poderes constitucionales. Asimismo se incorporaron los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.

De esta manera, los partidos deberán exigir a todos los candidatos que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Mientras, en el Congreso existe una normativa similar que aún espera reactivarse, al tiempo que en Brasil fue una de las leyes clave para frenar las aspiraciones políticas del expresidente Luiz Inácio da Silva.

La curva epidemiológica estaba controlada en Capital Federal, pero en los últimos días hubo un fuerte aumento de los casos.

A casi nueve meses de iniciada la cuarentena volvió a aumentar la curva de contagios de coronavirus en Capital Federal. Pese a que se mantenía controlada o en descenso en los últimos días creció abruptamente, ya que el viernes se registraron el triple de casos que los del martes.

Algunas de las variables para explicarían la crecida en los casos serían un posible relajamiento de la gente del aislamiento establecido en marzo por el presidente Alberto Fernández. Además de las multitudinarias manifestaciones como la del velorio de Diego Maradona, los festejos de los hinchas de River y las movilizaciones a favor y en contra del aborto legal frente al Congreso.

Según datos del ministerio de salud de la ciudad de Buenos Aires el viernes se reportaron 466 nuevos casos, contra los cerca de 400 del día anterior y los 310 del 4 de diciembre. En los días siguientes hubo una baja en la cantidad de contagios, 387 y 254, aunque en los fines de semana se realizan menor cantidad test y no se cargan tantos casos de COVID-19 porque hay menos personal.

Se espera además el efecto que podría tener la gran cantidad de turistas que viajaron la semana pasada por el fin de semana largo. Para eso se dispusieron test para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires que reingresen desde más de 150 kilómetros luego de más de cuatro días, entre otros.

Noticia en desarrollo

La Ley de Góndolas, que el Congreso Nacional aprobó en febrero en el cierre de las anteriores sesiones extraordinarias, y que estaba pendiente de reglamentación, se aplicará desde la semana venidera. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que se está terminando la reglamentación de la norma para su publicación en el Boletín Oficial. Consideró que su puesta en funcionamiento “implicará que haya mayor oferta en la misma góndola y eso hará que exista la posibilidad de juego de competencia, y los precios tiendan a mantenerse estables o hasta incluso en las promociones a bajar un poco”.

La ley tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar “sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”. Además, apunta a “evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”. 

La norma establece que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30 por ciento de la góndola y que de un producto, por ejemplo, de fideos o galletitas, debe haber, como mínimo, cinco marcas diferentes. A su vez, el 25 por ciento de los productos deben ser de las Pymes, cooperativas o mutuales y el 5 por ciento de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.

También se consigna que los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web donde se muestren los productos; mientras que en la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50 por ciento del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.

En otro apartado, se indica que los supermercados deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación a los distintos proveedores según sean pymes o sectores de la economía popular, y no podrán exigir aportes o adelantos financieros a los proveedores ni imponerles la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión como condición para exhibir los productos.

De acuerdo con informe de Focus Market, los precios de los productos de consumo masivo continúan al alza en noviembre, incluso en un contexto en el que el consumo masivo tuvo una caída fue de 4 por ciento.

Las categorías de productos que más aumentaron en noviembre respecto del mes anterior se encuentran aceite (9,8 por ciento), chocolates (9,4), jugos líquidos (6,6), aguas saborizadas sin gas (6,6), salchichas (6,6), snacks (5,8), pan de molde (5,3), té (4,6), galletas (4,6) y aguas saborizadas con gas (4,5).

Según el relevamiento, las categorías de productos que más aumentaron en forma interanual en noviembre son aceite (75,3), yerba (74,3), azúcar (66,9), huevos (63,8), arroz (62,4), té (55,5), conservas (54,6), enlatado de pescado (52), pan de molde (51,8) y puré de tomate (50,3).

Mendoza se convirtió en la primera provincia en aprobar la Ley de Ficha Limpia que, como objetivo primordial, busca que los cargos públicos no puedan ser ocupados por personas que hayan cometido delitos de corrupción, Contra la libertad, o contra la integridad sexual.

Además, la norma impone que los partidos deberán exigirles a sus candidatos el certificado de antecedentes penales y correrán el riesgo de que la Justicia Electoral baje las listas completas si en ellas hay personas con condenas o procesamientos en contra.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez consideró que la legislación representa un “avance enorme en materia institucional” y señaló que regirá para “todos los poderes del Estado”.

Un informe de Cancillería detalla que en agosto de 2019, al traerlos al país, se habían comprometido a homologar el trámite. Pero no lo hicieron.

La pareja que trajo a dos mellizos desde África y los entregó en una comisaría no legalizó su adopción en el país. Así lo pudo comprobar desde Bahía Blanca la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 8, que el 20 de noviembre recibió la denuncia sobre el abandono de los hermanos.

“Ingresaron con un permiso humanitario y la obligación de regularizar su situación en 72 horas, pero no lo hicieron”, reveló a Clarín una fuente de esa fiscalía. La UFIJ 8 que está a cargo de Marcelo Romero Jardín corroboró esa situación a través de un informe enviado estos días desde la Cancillería argentina.

Ante ese ministerio, no se registra ningún trámite de la pareja conformada por una mujer de 42 años y un hombre de 35. La situación pudo constatarse tanto en la sede de ese organismo como en las representaciones diplomáticas de Brasil y Nigeria, países que actúan como intermediarios entre Argentina y Guinea Bissau, que no mantienen vínculos a través de embajadas.

La pareja había ingresado al país con los mellizos de 6 años en agosto de 2019, luego de convivir con ambos durante una semana en la Casa Emanuel, que atiende a pequeños de familias vulnerables en ese país de África Occidental. Allí, unos meses atrás, habían presentado una carta de intención de adopción que el hogar constató que estaba en orden.

Al tratarse de una familia consolidada, con integrantes de más de 30 años de edad y una hija de 11 años, fue considerada apta para iniciar el proceso de adopción. A través de una representante en Argentina, fueron sometidos primero a entrevistas psicológicas, antes de habilitar su viaje a Guinea Bissau, para conocer a los potenciales adoptados.

Allí se enteraron de que la madre de los pequeños murió en el parto y su padre no pudo encargarse de su crianza. Luego del tiempo de convivencia y antes del regreso a Argentina, un abogado del hogar africano se encargó de gestionar la adopción legal en Guinea Bissau. Ese fallo precisaba de una homologación en nuestro país, trámite conocido como exequátur.

Una vez en el país, durante seis meses la pareja vivió en un barrio privado entre Bahía Blanca y Punta Alta, pero en febrero pasado, por cuestiones laborales, se radicó en San Martín de los Andes. Desde allí partió, en auto, el hombre con los dos pequeños, a los que entregó, el 17 de noviembre, en la Comisaría de la Mujer bahiense.

Adujo “motivos personales y problemas en la vinculación familiar” para desprenderse de los hermanos, a los que dejó junto a dos bolsas con ropa, antes de firmar un acta y regresar al sur del país. Al analizar que la documentación que dejó el hombre presentaba falencias y tras una serie de averiguaciones sin resultado, el equipo de género de la seccional presentó la denuncia ante la fiscalía.

Los chicos no poseían DNI, aunque sí un documento con sus nombres argentinos y el apellido del hombre que los abandonó. Aunque su salida desde África estaba constatada, hasta ese momento no se había podido corroborar cómo fue su ingreso al país.

“Sin un trámite legal que valide la adopción, para la ley argentina no se los puede considerar padres adoptantes”, explicó la fuente judicial, tras el reporte de Cancillería, que ingresó este miércoles a la UFIJ 8. Al no existir un vínculo entre los hermanos y la pareja, esta quedaría eximida de la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que impone la ley 13944.

Tal situación determinaría que, en las próximas horas, la causa pase al fuero federal para que se investigue un probable fraude a la ley de Migraciones. Tal decisión no afectará la marcha del trámite de búsqueda de un nuevo hogar en nuestro país para los pequeños.

Este proceso se desarrolla ante el Tribunal de Familia 3 de Bahía Blanca. Hasta tanto no sea elegida otra familia, la pareja que los abandonó deberá afrontar los gastos de su manutención, según resolvió el juez Martín Larceri, subrogante a cargo del Tribunal. Mientras tanto, los pequeños siguen alojados en un hogar de abrigo de Bahía Blanca, donde han recibido la visita de algunos miembros de las pocas familias que alcanzaron a conocer durante su estadía de poco más de seis meses en la ciudad. En ese período, fueron a un colegio y jugaron al básquet en un club.

Antes de su decisión de abandonarlos, la pareja había comentado que la integración marchaba bien, en los encuentros periódicos pactados durante el primer año de convivencia. Solo destacaron la hiperactividad de los hermanos, según reveló desde Guinea Bissau Isabel Johanning, la mujer costarricense que administra el hogar. “Nunca me dijeron que no podían con ellos. Y cuando dijeron que tenían problemas, la representante les recomendó ayuda profesional”, dijo la mujer en declaraciones. Aseguró que la documentación con la que salieron de África era legal y se mostró sorprendida por la actitud de la pareja.

“Lo que pasa es que no sabemos que les pasó. ¿Por qué se trastornaron tanto por perder el trabajo? Ella estaba en depresión, se le dieron consejos de que fuera a una persona especializada en psiquiatría, para que pudiera verla a ella y a los chicos, y ellos no siguieron las instrucciones”, expresó Johanning. Agregó que el caso era el único entre los 180 niños adoptados por Casa Emanuel en los últimos 25 años. Aunque dijo que una familia bahiense, que ya había adoptado un menor del mismo hogar, podría hacerse cargo de los chicos, la prioridad de búsqueda está entre los grupos familiares más conocidos de los mellizos.

Desde enero los casados con cónyuge y dos hijos menores comenzarán a tributar si cobran más de $98.963. Los números surgen a partir de actualizar los valores del esquema del impuesto en un 35,38%, que están atados a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte)

Con la actualización a partir del 1 de enero de 2021 del 35,38% del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que se conoció hoy, los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos comenzarán a pagar Ganancias en el caso que cobren más de $74,810 netos mientras que los casados con cónyuge y dos hijos menores deberán tributarlo si perciben más de $98.963 tras los descuentos de jubilación y obra social.

Cabe recordar que la ley 27.346 establece que el Ripte es el índice que se aplica para actualizar todos los años los valores del esquema tributario.

El ajuste del Mínimo No Imponible (MNI) en 2020 fue cercano al 45% y se calcula que unos dos millones de contribuyentes tributaron Ganancias en 2020 si se tienen en cuenta a los asalariados, los autónomos y los jubilados.

“El impuesto a las Ganancias se actualiza automáticamente una vez por año y el índice que se toma es el Ripte que es un índice salarial que toma noviembre a octubre de cada año. Para 2021 se va a actualizar en un 35,37% a partir del 1 de enero. De esta manera, los mínimos no imponibles aumentan en ese porcentaje para todo el año”, confirmó a Infobae César Litvin, tributarista y CEO en Lisicki Litvin y Asociados.

En ese marco, detalló que para los solteros el mínimo no imponible es este año fue de $55.261 mensual y pasará en 2021 a $74.810. En el caso de los casados con cónyuge y dos hijos a cargo el mínimo era $73.710 y pasa a $98.963.En algunos casos se va a dar que quienes vienen pagando el tributo, como la alícuota es progresiva, van a pagar mayor cantidad de dinero del que empezaron a abonar como consecuencia de la recomposición salarial que va a llegar en algún momento de 2021

Litvin advirtió que el Mínimo No Imponible (MNI) del impuesto a las Ganancias rige para todo 2021 y que cualquier recomposición salarial que haya durante el año que viene “va a generar que si el MNI se mantiene igual, una parte de la recomposición salarial va a ir al Estado porque va a generar que algunos de los que están debajo de ese piso pasen a estar por encima”.

“Y en algunos casos se va a dar que quienes vienen pagando el tributo, como la alícuota es progresiva, van a pagar mayor cantidad de dinero del que empezaron a abonar como consecuencia de la recomposición salarial que va a llegar en algún momento de 2021”., añadió.

En ese sentido, planteó: “En primer lugar, la actualización debe ser semestral y no anual, porque a lo largo del año el MNI va a quedar evaporado. En segundo lugar, en vez de usar el índice salarial del Ripte se debería usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Y agregó que lo tercero a tener en cuenta es que el autónomo es el que viene perdiendo porque tiene mínimos no imponibles inferiores al asalariado. “Si se compara la retribución mensual, el soltero que en caso del asalariado empieza a pagar en $74.810, en el caso del autónomo empezaría a pagar en $41.919. Y el casado con dos hijos y conyugue a cargo, el asalariado empieza a pagar en $98.963 y el autónomo empezaría a pagar en $68.085” cuestionó.

En tanto, según el tributarista Sebastián Domínguez, la Ganancia No Imponible pasa a $167.883, la Deducción Especial a $804.879 y cónyuge a $156.325.

“El empleado soltero con sueldo bruto mensual de $90.135 y neto de $74.813 no paga ganancias. Así como en una familia tipo, una persona casada con dos hijos no paga con un sueldo bruto de $119.236 y neto de $98.966. Además, los casados sin hijos no pagan con un sueldo bruto de $104.623 y neto de $86.838 mientras que un soltero (o cónyuge no deducible) con dos hijos no paga Ganancias con sueldo bruto de $104.748 y neto de $86.941”, dijo el especialista a Infobae.

“Como el Ripte está muy por debajo de la inflación, si los sueldos aumentan por la inflación se terminará pagando impuesto a las ganancias por una supuesta ganancia que no existe. Se paga sobre aumentos nominales que solo mantienen el poder adquisitivo que se tenía con anterioridad”, planteó Domínguez.El escenario que se proyecta sería de un aumento de la presión tributaria para los empleados durante 2021 (Sebastián Domínguez)

En ese sentido, dijo que esta situación ya sucedió en el pasado y que “es una forma de aumentar la presión tributaria encubierta ya que se dice ´no aumentamos el impuesto a las Ganancias´ pero la realidad es que sí se aumenta al gravar esos aumentos nominales”.

El tributarista coincidió con Litvin al afirmar que deberían ajustar las deducciones y las escalas directamente por la variación del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Si la inflación se incrementa y se van realizando ajustes de los sueldos por ese efecto durante 2021, cuando la actividad económica mejore se pagara más impuesto ya que el próximo aumento se realizara en enero 2022 con la variación del Ripte. El escenario que se proyecta entonces seria de un aumento de la presión tributaria para los empleados durante 2021”, concluyó.

Asimismo, el tributarista Iván Sasosvky dijo a Infobae que la actualización de ganancias por Ripte mientras los costos devida de ajustan por inflación “genera el solapamiento entre el salario mínimo para no ser pobre y el salario mínimo a partir del cual se tributa ganancias”.

“Si bien el ajuste anual en ganancias hoy es automático, la brecha entre los que tributan y los que no lo hacen es ínfima y eso tiene que ver con el tipo de índice que se usa para ajustar ganancias”, destacó.

Como ocurre habitualmente, antes del cierre de diciembre la AFIP publicará las tablas con las nuevas deducciones que regirán desde el 1 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, según la variación interanual del Ripte (Remuneración Imponible del Trabajador Estable, que se registró en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) hasta octubre último.

La vicepresidenta se garantizó que los plenarios de comisiones sean conducidos por senadores de su espacio. El plan es dictaminar el próximo jueves y tratar la ley la última semana del año.

Cristina Kirchner se aseguró el manejo de la estrategia para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado al girar la media sanción de Diputados a tres comisiones, dos de ellas presididas por senadores de su confianza: la pampeana Norma Durango de la Banca de la Mujer y su más leal referente, Oscar Parrilli, presidente de Justicia y Asuntos Penales. La tercera está presidida por un opositor, el radical Mario Fiad, y el vicepresidente es el santiagueño José Neder. A diferencia de los verdes Durango y Parrilli, ambos están en contra de la legalización del aborto y expresan la postura celeste.

Que no sea Salud la comisión cabecera sino la que preside Durango es una clara señal de la vicepresidenta, que además propuso que el debate lo conduzca una mujer. La vice de Durango también es verde y mujer: la senadora del PRO porteño Guadalupe Tagliaferri. Que su compañera candidata a senadora apoyara la IVE fue una de las condiciones que puso Martín Lousteau cuando aceptó ser candidato el año pasado. Ambos operan a favor de la ley y han tenido incluso conversaciones con funcionarios nacionales porque el corte es transversal y no por partidos políticos. En las negociaciones que se dieron en paralelo al tratamiento en Diputados intervino también otra mujer, joven, la senadora Anabel Fernández Sagasti, también de máxima confianza de CFK. En Diputados, a pesar de que dejó el rol protagónico a las mujeres, Máximo Kirchner también trabajó para sumar votos y compensar los cambios que se registraron entre algunos que en 2018 votaron a favor y esta vez lo hicieron en contra.

La ley de los 1.000 días, también con media sanción esta mañana en Diputados, fue girada a las comisiones de Salud y a la de Presupuesto que preside el cordobés Carlos Caserio. En este caso se repite el esquema de la Cámara baja. El radical jujeño Fiad estará al frente del plenario.

El tratamiento será veloz durante la última semana completa del año. Así lo pidieron también desde el Poder Ejecutivo: “Que sea lo más rápido posible”. Ya para el próximo lunes están convocados los senadores al plenario para arrancar el tratamiento de la IVE. Se prevé un debate acotado hasta el miércoles mientras que el jueves se intentaría dictaminar. En ese esquema el oficialismo se saltearía la semana previa a Navidad, celebración católica que muchos legisladores pidieron contemplar, y se trataría de votar en el recinto en la última semana, probablemente el 29.

Para el próximo 14, 15 y 16 ya hay listas de posibles expositores, con el mismo mecanismo que se discutió en Diputados la semana anterior.

En el Senado los votos para la aprobación del proyecto aún no están garantizados y hay mucha precaución en no revelar las charlas que se suceden. El pasado martes, Día de la Virgen, hubo conversaciones entres senadoras; diputadas; la ministra de Género, Mujer y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, plumas del proyecto de ley que se votó.

Los dos cambios fueron defendidos como un gesto hacia quienes dudan de su voto en la Cámara alta. El primero es la objeción de conciencia institucional que obliga a los establecimientos privados a garantizar la derivación y atención de las gestantes que pidan interrumpir su embarazo. Se propuso este agregado ya que había un problema práctico: qué sucede cuando un establecimiento tiene todos objetores de conciencia”. La modificación “garantiza la derivación a un efector que va a llevar adelante la práctica”, señaló Gómez Alcorta mientras esperaba durante la madrugada en el Congreso.

El otro cambio fue acotar al Código Penal la obligación de que una niña de 13 años, embarazada, sea acompañada para la realización de la práctica por un adulto.

Por otra parte el texto se abrió a los senadores para que “se sientan representados y que no haya cambios” que dilatarían aún más la sanción ya que esta vez el Senado es cámara revisora y el texto, en caso de modificarse, debería remitirse nuevamente a Diputados. La estrategia es evitar esa posibilidad.

El dictamen de comisión no tendría dificultades para su aprobación porque, salvo en Justicia, las otras dos comisiones tienen mayoría de senadores que apoyan la legalización del aborto. Sin embargo esa composición no refleja al resto del cuerpo donde hasta el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, está en contra. Aun así la ley tiene chances, quizás más después del moderado debate de esta madrugada donde hubo roces sin agresiones, excepto algún cruce. Pesa el temor a posibles presiones como la que denunció el jujeño Daniel Ferreyra, que dijo haber sido amenazado, que no se sentía libre de votar, y se abstuvo.

Los senadores votarán desde sus provincias. Aun así el oficialismo buscará romper la paridad. Entre los votos no definidos está el de la neuquina Lucila Crexell, siempre reticente a revelar su posición hasta el final. Carlos Menem no siempre está presente pero su hija Zulema Menem es ferviente militante celeste. Cortada en forma transversal, en la Cámara alta podría replicarse la situación de la 125 cuando Julio Cobos, entonces vicepresidente, tuvo que desempatar. Y fue “no positivo”. Si así volviera a ocurrir, Cristina Kirchner sería la garante de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que ella no empujó siendo presidenta pero que militan sus dos hijos.