Juan Carlos Albarracín y su pareja Andrea del Valle Escudero Hernández están procesados por ese y otros delitos en un intento por estafar a una familia en casi 19 millones de pesos.
El abogado Juan Carlos Albarracín y su pareja, la escribana Andrea del Valle Escudero Hernández están cada vez más cerca de ser juzgados por el combo de delitos por los que están procesados y embargados desde enero pasado, como parte de una investigación que empezó a mediados de 2020. Los profesionales de Villa Mercedes están acusados, entre otros delitos, por tratar de estafar en casi 19 millones de pesos a una familia, que contrató sus servicios, y en el medio de esa tratativa intentar “comprar” al juez federal que intervenía en la causa para que la dejara sin efecto. Ese magistrado es Juan Carlos Nacul, el mismo que ya solicitó que la causa sea elevada a juicio para que un Tribunal Federal juzgue a la pareja de profesionales.
Albarracín, de 43 años, está acusado de “Tráfico de influencias agravado”, “Estafa procesal, en grado de tentativa” y “Falsificación de documento privado” y Escudero Hernández, de la misma edad, está procesada por “Falsedad ideológica relativo a la escritura número 59”, “Estafa procesal, en grado de tentativa” y “Falsificación de documento privado”.
Antes de que el juez, que por estos días está a cargo de los juzgados federales de Villa Mercedes y San Luis, dispusiera la elevación a juicio de la causa, la defensa de Albarracín hizo un planteo de nulidad. Según argumentó, entre el 18 de septiembre al 27 diciembre de 2023 él no contó con una defensa técnica, porque su abogado Pascual Celdrán se apartó del caso y no hubo quién lo representara en las audiencias que se llevaron a cabo en ese lapso, las que tampoco le fueron notificadas.
Al igual que otro planteo de nulidad que habían presentado hace un par de meses, el juez no hizo lugar a tal recurso. En esa ocasión los defensores de Albarracín y Escudero Hernández habían cuestionado las pericias informáticas hechas a los dispositivos que les secuestraron.
A mitad de la pandemia
La investigación contra la pareja empezó por una requisa que hizo la Policía de Buena Esperanza el 8 de julio de 2020. Los efectivos de la Comisaría 19ª inspeccionaron tres camionetas en las que viajaba una familia, por la autopista 55.
Los ocupantes explicaron que volvían de la provincia de Córdoba, donde habían ido a comprar un campo, aunque la operación no se concretó. Los agentes revisaron los rodados y les encontraron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones. Todo fue incautado y la familia fue llevada a la comisaría.
Albarracín, su abogado, se presentó en la seccional a las 22 para tramitar su liberación. A partir de ese momento, arrancó una causa penal que luego terminó en la Justicia Federal, por considerar que los ocupantes de las camionetas eran sospechosos de lavado de activos.
Las averiguaciones de la Fiscalía concluyeron que después Albarracín les había pedido plata a tres de los integrantes de la familia investigada para pagarles a dos personas de San Luis para ejercer “indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa (Nacul) y obtener la devolución del dinero incautado”.
El juez Juan Carlos Nacul, a quien intentaron “coimear” sin éxito. El mismo magistrado que solicitó que la causa contra la pareja de profesionales sea elevada a juicio.
La hipótesis fiscal también señala que el abogado imputado quiso intervenir porque su pareja había participado en la compraventa del campo, para evitar, así, que Escudero Hernández tuviera problemas por su papel como escribana en esa transacción.
Sin embargo, las pruebas le indican al fiscal que la mujer insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo de La Candelaria. Habría consignado que la operación fue efectuada por 4 millones de pesos cuando lo fue por casi 20 millones.