A rendir cuentas. El intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera, junto a su vice y presidenta del Concejo Deliberante, Silvina Galetto.
La revelación pública de presuntos manejos irregulares de los recursos y fondos en la Intendencia de Villa Mercedes impulsaron al Movimiento Comunal Mercedino (Mocomer) a pedir en la Justicia provincial que se abra una investigación ante el presunto delito de “administración fraudulenta”.
La más que llamativa entrega de cientos y cientos de cheques, de subsidios a amigos y familiares de funcionarios, del sospechoso manejo de dinero en efectivo (plazos fijos no informados), de la emisión de valores por un monto pero que en los registros contables figuraban con otro, y la realización de gastos innecesarios, son algunos de los motivos que fundamentaron el planteo que formalizó la presidenta del Mocomer Andrea Quiroga ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial.
La punta del ovillo
De acuerdo a lo que se pudo conocer el pasado viernes, el pedido de investigación es por las irregularidades administrativas y contables que surgieron del expediente que armó en el Tribunal de Contralor Municipal, cuando ese organismo era integrado por Ricardo André Bazla, ahora secretario de Ética Pública y Control de Gestión del gobierno provincial.
Andrea Quiroga, en diferentes consultas periodísticas, adelantó que el espacio político que integra decidió investigar a la administración del intendente Maximiliano Frontera, que nunca dio explicaciones sobre el dinero que tenía depositado en plazo fijo (dos mil millones de pesos) y que no había informado de este movimiento a los organismos respectivos.
Ahora, como el jefe comunal no ha dado explicaciones del uso y destino de los fondos públicos, es que llegaron a la conclusión de que la gestión tiene muchas irregularidades y, además, creen que son demasiado “burdas” para ser simples equivocaciones.
Violan la Carta Orgánica
“Alteran el manejo del presupuesto, del erario municipal, violan la Carta Orgánica y las ordenanzas municipales, aun las que están dictadas por él mismo”, detalló Andrea Quiroga en diálogo con El Diario de la República.
“El intendente ha hecho oídos sordos ante nuestro pedido, como si no tomara conciencia de la gravedad de su accionar. Es más, a pesar de haber declarado la emergencia económico-financiera, eso no le per mite actuar como patrón de estancia que hace y deshace sin rendir cuentas a nadie”, añadió.
Las pruebas
El pedido de investigación en la Justicia de San Luis está contemplado en unas 70 fojas. A ese expediente posiblemente se le incorpore otra presentación que semanas atrás también hizo la dirigencia del Mocomer en la Justicia Federal por el destino que Frontera y su equipo le dieron a fondos que el Municipio recibió del gobierno nacional durante el 2023. Como el fiscal federal se declaró incompetente, toda la documentación fue derivada al ámbito provincial.
“Aprobaban a libro cerrado”
Cuando el Mocomer puso la lupa sobre el desempeño de la gestión de Frontera, Andrea Quiroga cuestionó a los concejales y al Tribunal de Contralor porque daba la impresión que firmaban a “libro cerrado” todo lo que les enviaban desde el Ejecutivo.
A fines de junio del 2024, al empezar a destaparse la olla de esto que puede terminar en un gran escándalo, el Movimiento Comunal Mercedino adelantó: “Pronto iniciaremos un plan de acción contra estos desmanejos en relación a los fondos públicos y pensamos que, seguramente, puede terminar en la Justicia”.
Ahora, ante esta instancia que ya se inició, el intendente Maxi Frontera tendrá la oportunidad de aclarar, o no, los sospechosos irregulares manejos de los recursos y fondos municipales.