Uno de los denunciados junto al intendente Maximiliano Frontera ahora trabaja en la Secretaría de Personas con Discapacidad.
La semana pasada se conoció el extravío de pruebas en el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes sobre dos causas que involucran al intendente Maximiliano Frontera y a tres funcionarios más: Soledad Martínez, encargada del Refugio Municipal de Animales; Karina Maranguello, actual concejala, y Joaquín Flores, exfuncionario y actual responsable de Relaciones con ONG y Municipios de la Secretaría de Personas con Discapacidad de la Provincia, que encabeza Luis Giraudo.
Las denuncias fueron hechas por la organización Proteccionistas Unidos de San Luis, quienes también detectaron la falta de la documentación cuando fueron a presentarse ante las nuevas autoridades del tribunal, para ver cómo iban a avanzar en la investigación: la respuesta fue que allí, misteriosamente, no había nada.
Fue el propio Giraudo quien acaba de admitir en un programa que conduce Andrea Bringas que él logró meter a su gente en el Tribunal de Contralor: los actuales auditores Miguel Ferrero y Alejandra Porcel. Además, allí reconoció que Frontera se encuentra alineado al gobierno provincial de Claudio Poggi.
Flores fue el subsecretario de Actividades de Ecología y Medio Ambiente de la Comuna hasta mediados de 2022; renunció por motivos personales antes de una interpelación. “No sabía cómo justificar presupuestos ejecutados. Uno, de un hospital veterinario inexistente; otro, de una granja educativa que nunca funcionó, por ejemplo”, mencionó una de las integrantes de Proteccionistas Unidos de San Luis.
Todos los denunciados siguen ocupando cargos públicos hasta la actualidad y, si bien las denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal, y por malversación de fondos públicos fueron presentadas ante la Justicia por las proteccionistas, el Tribunal de Contralor parece no mostrar predisposición en cumplir con su tarea: desaparecen pruebas que apuntan a funcionarios de su misma línea partidaria.
Flores es ingeniero e hijo de Héctor Flores, el actual vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). “Renunció a su cargo en el Municipio unos días antes de la interpelación de 2022. Antes de eso, se hizo una especie de careo interno, dijo no tener los papeles que se le pedían, pero que iba a ver de acomodar las cuentas, luego se fue”, expresó la proteccionista.
Hasta el momento, las autoridades del Tribunal de Contralor no han aclarado qué es lo que sucedió con las pruebas que se extraviaron; le echaron la culpa a la gestión de Ricardo Bazla, quien ahora ocupa el cargo de secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la Provincia, y a su compañera, la auditora Silvia Palacios, de “llevarse hasta los muebles”.