El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, informó que durante la tarde de este jueves la Justicia provincial dio marcha atrás a la decisión de la jueza María Eugenia Bona, que había aprobado la medida cautelar solicitada por Claudio Poggi, “favoreciendo así la continuación de las obras públicas en beneficio de todas y todos los puntanos”, informó la agencia oficial de noticias.
Durante la tarde de este jueves, en una reunión de Gabinete ampliado, el jefe de Estado brindó detalles de la decisión que tomó el Superior Tribunal de Justicia. Primeramente, se explayó sobre la medida cautelar dispuesta por la jueza María Eugenia Bona. “Es de gravedad institucional no sólo la suspensión de la obra pública, sino que dentro de la obra pública hay escuelas, hay hospitales, hay agua potable y hay muchas que son créditos. En realidad, son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia de San Luis, que tienen un plazo y se vence en pocos días y si eso se suspende, la provincia pierde todo ese dinero“, explicó Rodríguez Saá.
Luego añadió: “Su argumento era que se comprometía el presupuesto del año que viene. Todas las obras que estamos licitando están previstas para el presupuesto del año que viene. En la Cámara de Diputados no se trató, porque no quiso tratarlo la bancada de Poggi, tampoco hablaron del presupuesto, tampoco pidieron sacar esas obras ni dijeron qué obras quieren”.
“Quería contarles esta medida y decirles a los ministerios, que todos los que tuvieron algún expediente que quedó paralizado o suspendido, que trabajen y el martes tenemos que tratar de recuperar estos días. En un día hay que recuperar una semana”.
“La jueza Bona dice que le encanta vivir en este San Luis y lo hemos construido nosotros. Para no paralizar la obra hay un recurso que se llama ‘per saltum’ y uno acude a la máxima autoridad judicial que es el Superior Tribunal de Justicia argumentando que hay gravedad institucional, que están en riesgo esas obras y la periodicidad de funciones. Esto quiere decir que los funcionarios tenemos un período de cuatro años. Empezamos el 10 de diciembre y esos cuatro años se cumplen el 9 de diciembre a las 24 horas. Hasta ese momento gobernamos nosotros”, afirmó el jefe de Estado. Agregó que “la jueza dice que compromete al nuevo periodo, pero ella nos está quitando la parte de nuestro periodo y le está dando al otro que decida sobre éste”.