La diputada provincial lo denunció y lo puso en el banquillo de los acusados. La primera audiencia del debate oral y público será el miércoles.
Cuando en mayo de este año Anabela Lucero transitaba su campaña para ser la intendenta de la ciudad de Villa Mercedes, la opinión de un ciudadano a través de Facebook la hizo enojar y pidió a sus abogados que apuren una carta documento.
El 22 de mayo Javier Bosco se encontró con uno de los tantos panfletos donde la actual diputada provincial y candidata a Parlamentaria del Mercosur resumía sus promesas para gobernar la ciudad. Sin creer que sus palabras lo llevarían a juicio, ese día el hombre les contó a todos a través de un posteo en su perfil que la dirigente de Alberto Rodríguez Saá tenía una deuda económica con su abuelo.
“A mí me sobran esperanzas para creer que vas a pasar por alguno de “los Boscos” a pagar los 4 meses que quedaste debiendo a mi abuelo por el alquiler del departamento (más gastos de reparación del mismo). Si no podés hacer eso… No vengas a prometer nada”, escribió.
Al día siguiente, Lucero le pidió a Bosco que “se retracte públicamente por el mismo medio y cese con los comentarios maliciosos” porque afectaban su “buen nombre y honor”. También negó que le deba una suma de dinero a su familia.
Sin embargo, nada de eso lo intimidó y no se resignó a callarse la boca, a no poder “pelear” por lo que le corresponde y a tener que aceptar no “meterse con los poderosos por miedo”.
“Me rehuso rotundamente a retractarme de mis dichos, me rehuso a que me digan qué puedo pensar, decir o hacer ante una situación que me genera dolor e indignación, y la única forma que vi posible para canalizarla y hacerme escuchar fue Facebook, suponiendo que iba a llegar a oídos de ella, ya que de otra manera no puedo”, le contestó.
“No puedo retractarme por contar una verdad. No puedo mentir para ‘que no me pase nada’ o para ‘evitar el lio con esta gente’, porque si todos hacemos lo mismo, ellos siempre saldrán airosos e impunes haciendo campaña con su ‘figura impoluta’”, insistió en ese momento.
Él la desmintió: “Sí, hubo un alquiler. Sí, hay una deuda. Sí, te fuiste a la madrugada para que no te vean. Sí, quedó el departamento en mal estado, muebles rotos y paredes pintadas con crayones y fibras”.
Esta no es la primera vez donde la libertad de expresarse se ve cuestionada por funcionarios del Gobierno provincial. Al periodista Diego Masci también lo llevaron a juicio y la Justicia de San Luis lo condenó por publicar (en su portal digital de noticias) un video donde Natalia Spinuzza (que era ministra de Educación de la provincia en 2018) reconocía que había consumido drogas mientras se encontraba en Ámsterdam.
En agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia contra Masci como autor material y penalmente responsable del delito “violación de intimidad” (art. 155 del Código Penal).
La defensa de Bosco tiene en claro que no hay ningún delito al opinar de esa manera sobre una candidata y actual funcionaria, sosteniendo lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público”.
La causa fue elevada a juicio oral y público por la jueza Mirta Ucelay, y la primera audiencia será este miércoles en los Tribunales de Villa Mercedes.