La vicepresidenta se garantizó que los plenarios de comisiones sean conducidos por senadores de su espacio. El plan es dictaminar el próximo jueves y tratar la ley la última semana del año.
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Cristina Kirchner se aseguró el manejo de la estrategia para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado al girar la media sanción de Diputados a tres comisiones, dos de ellas presididas por senadores de su confianza: la pampeana Norma Durango de la Banca de la Mujer y su más leal referente, Oscar Parrilli, presidente de Justicia y Asuntos Penales. La tercera está presidida por un opositor, el radical Mario Fiad, y el vicepresidente es el santiagueño José Neder. A diferencia de los verdes Durango y Parrilli, ambos están en contra de la legalización del aborto y expresan la postura celeste.
Que no sea Salud la comisión cabecera sino la que preside Durango es una clara señal de la vicepresidenta, que además propuso que el debate lo conduzca una mujer. La vice de Durango también es verde y mujer: la senadora del PRO porteño Guadalupe Tagliaferri. Que su compañera candidata a senadora apoyara la IVE fue una de las condiciones que puso Martín Lousteau cuando aceptó ser candidato el año pasado. Ambos operan a favor de la ley y han tenido incluso conversaciones con funcionarios nacionales porque el corte es transversal y no por partidos políticos. En las negociaciones que se dieron en paralelo al tratamiento en Diputados intervino también otra mujer, joven, la senadora Anabel Fernández Sagasti, también de máxima confianza de CFK. En Diputados, a pesar de que dejó el rol protagónico a las mujeres, Máximo Kirchner también trabajó para sumar votos y compensar los cambios que se registraron entre algunos que en 2018 votaron a favor y esta vez lo hicieron en contra.
La ley de los 1.000 días, también con media sanción esta mañana en Diputados, fue girada a las comisiones de Salud y a la de Presupuesto que preside el cordobés Carlos Caserio. En este caso se repite el esquema de la Cámara baja. El radical jujeño Fiad estará al frente del plenario.
El tratamiento será veloz durante la última semana completa del año. Así lo pidieron también desde el Poder Ejecutivo: “Que sea lo más rápido posible”. Ya para el próximo lunes están convocados los senadores al plenario para arrancar el tratamiento de la IVE. Se prevé un debate acotado hasta el miércoles mientras que el jueves se intentaría dictaminar. En ese esquema el oficialismo se saltearía la semana previa a Navidad, celebración católica que muchos legisladores pidieron contemplar, y se trataría de votar en el recinto en la última semana, probablemente el 29.
Para el próximo 14, 15 y 16 ya hay listas de posibles expositores, con el mismo mecanismo que se discutió en Diputados la semana anterior.
En el Senado los votos para la aprobación del proyecto aún no están garantizados y hay mucha precaución en no revelar las charlas que se suceden. El pasado martes, Día de la Virgen, hubo conversaciones entres senadoras; diputadas; la ministra de Género, Mujer y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, plumas del proyecto de ley que se votó.
Los dos cambios fueron defendidos como un gesto hacia quienes dudan de su voto en la Cámara alta. El primero es la objeción de conciencia institucional que obliga a los establecimientos privados a garantizar la derivación y atención de las gestantes que pidan interrumpir su embarazo. Se propuso este agregado ya que había un problema práctico: qué sucede cuando un establecimiento tiene todos objetores de conciencia”. La modificación “garantiza la derivación a un efector que va a llevar adelante la práctica”, señaló Gómez Alcorta mientras esperaba durante la madrugada en el Congreso.
El otro cambio fue acotar al Código Penal la obligación de que una niña de 13 años, embarazada, sea acompañada para la realización de la práctica por un adulto.
Por otra parte el texto se abrió a los senadores para que “se sientan representados y que no haya cambios” que dilatarían aún más la sanción ya que esta vez el Senado es cámara revisora y el texto, en caso de modificarse, debería remitirse nuevamente a Diputados. La estrategia es evitar esa posibilidad.
El dictamen de comisión no tendría dificultades para su aprobación porque, salvo en Justicia, las otras dos comisiones tienen mayoría de senadores que apoyan la legalización del aborto. Sin embargo esa composición no refleja al resto del cuerpo donde hasta el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, está en contra. Aun así la ley tiene chances, quizás más después del moderado debate de esta madrugada donde hubo roces sin agresiones, excepto algún cruce. Pesa el temor a posibles presiones como la que denunció el jujeño Daniel Ferreyra, que dijo haber sido amenazado, que no se sentía libre de votar, y se abstuvo.
Los senadores votarán desde sus provincias. Aun así el oficialismo buscará romper la paridad. Entre los votos no definidos está el de la neuquina Lucila Crexell, siempre reticente a revelar su posición hasta el final. Carlos Menem no siempre está presente pero su hija Zulema Menem es ferviente militante celeste. Cortada en forma transversal, en la Cámara alta podría replicarse la situación de la 125 cuando Julio Cobos, entonces vicepresidente, tuvo que desempatar. Y fue “no positivo”. Si así volviera a ocurrir, Cristina Kirchner sería la garante de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que ella no empujó siendo presidenta pero que militan sus dos hijos.