La propuesta fue comentada por José Luis Griselli, presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, aunque aún no se dio un diálogo directo con las autoridades gubernamentales para analizar si se puede avanzar con esta iniciativa.
El Gobierno nacional confirmó que el 31 de este mes se terminará el congelamiento de los alquileres y los inquilinos piden que haya una salida paulatina y no abrupta de esa medida oficial para no complicar el bolsillo de las familias que no tienen una vivienda propia.
La propuesta fue comentada por José Luis Griselli, presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, aunque aún no se dio un diálogo directo con las autoridades gubernamentales para analizar si se puede avanzar con esta iniciativa.
“Nada hace pensar que una familia que no podía pagar un ajuste semestral o anual hasta el 31 de marzo por el impacto de la crisis económica en su bolsillo pueda hacerlo a partir el 1 de abril. Lo mas conveniente es salir de esta situación de manera paulatina, gradual“, dijo Griselli.
Fuentes del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habían anticipado ayer a esta agencia que no se extenderá el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos que vence a finales de marzo, una medida que se había implementado ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.
En ese escenario, la entidad Inquilinos Agrupados advirtió que desde el primero de abril “las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva”, dado que durante la vigencia de los tres Decretos de Necesidad y Urgencia se fue generando un pasivo por los incrementos no efectivizados.
En el Gobierno afirman que no se renovará el DNU dado que en su lugar “se trabajará con las herramientas que generó la nueva ley de alquileres“.
Griselli consideró este miércoles que “la descompresión de esta situación debería ser gradual”, porque si no paga el inquilino (deudor directo) tendrá indefectiblemente que pagar el garante.
“Implementar de golpe un ajuste que estaba previsto contractualmente o en su defecto pagar una cuota adicional por una deuda que se contrajo en la vigencia del DNU va a golpear a millones de familias que alquilan”, sostuvo Griselli.
El artículo 7 del decreto publicado el 30 de enero extendió a doce el número máximo de cuotas para el pago de las deudas por diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales.
Griselli planteó la necesidad de que el Gobierno establezca alguna herramienta para socorrer a los inquilinos, como un subsidio con el que se pueda abonar la deuda contraída a lo largo de la vigencia de los tres DNU.
“No hemos tenido respuesta todavía. De manera informal sabemos que estaban previendo por ejemplo implementar el Ahora 12 para las deudas que se fueron generando pero no sé cuán efectivo puede ser esto. No sé cuántos propietarios van a aceptar cobrar por Ahora 12“, dijo Griselli.