Usuarios opinaron sobre la medida que incluirá el nuevo plan de seguridad anunciado por el Gobierno provincial. Cuestionaron el estado y la señalización de los caminos.
“¿Y después pasará lo mismo que con los lectores de patentes?”, fue una de las preguntas que surgió esta semana tras conocerse que el Gobierno provincial instalará radares de velocidad en las rutas de San Luis para detectar las infracciones y aplicar multas.
Al interrogante de Guillermo Quiroga a través de las redes sociales se sumaron otros cuestionamientos al anuncio que hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Si bien afirmó que el objetivo es disminuir los accidentes viales, muchos usuarios lo adjudicaron a la “necesidad de recaudar”.
En los caminos con mayor circulación habrá aparatos fijos con homologación de los organismos nacionales, aunque también se implementarán otros móviles para trasladarlos a diferentes puntos.
En el mismo sentido, hubo voces que apuntaron al mal estado en que se encuentran los diferentes caminos.
“Primero que las arreglen, ya no saben de dónde sacar plata”, expresó Fran Godoy por medio de Instagram.
Pablo Azcurra agregó que “las rutas y las calles están destruidas”.
“Que arreglen las rutas primero”, reclamó Diego Oropel.
El jefe del Programa Seguridad Vial, Lucas Sosa dijo en contactos que mantuvo con algunos medios de comunicación que los controles serán inclusive para las trazas de jurisdicción nacional y en los próximos días llamarán a licitación para adquirir los equipamientos.
“Todo es para recaudar, memoria en las próximas elecciones”, opinó Sergio Honorato. Charly Amieva también dio su parecer: “Le está haciendo falta cash, ya no saben de dónde sacar más”.
El Plan Integral de Seguridad 2021, del que dio detalles Rodríguez Saá el martes pasado, involucrará una inversión de $2.500 millones.
“No creo que hagan tantas multas si no podés andar a más de 80, por todos los pozos y ondulaciones que tienen las rutas”, planteó otro usuario. Ezequiel Sosa pidió que “dejen de robarle a la gente”.
Los radares tendrán en cuenta la velocidad de los vehículos y si llevan encendidas las luces reglamentarias.
“El objetivo es recaudar; podemos disfrazar el ‘rutas más seguras’ -… espero que lo hagan bien y no estén escondidos al costado de la ruta entre los yuyos como ratas”, manifestó Víctor Morales.
Por su lado, Mariela Daminato reflexionó en que eso no solucionará “la falta de educación vial que existe”.
Muchas posiciones apuntaron a la ilegalidad e inconstitucionalidad de la acción. “Hay jurisprudencia”, subrayó Luciano Manrique.
“Primero que avisen en qué rutas los van a poner y cuál es la velocidad máxima, ya que nos merecemos información previa, porque la mayoría anda trabajando y aportan a la provincia con sus impuestos”, puntualizó Gastón Fer.
A su vez, Gonzalo Sebastián dijo que en los caminos nacionales los controles deben ser efectuados por Vialidad.
Las experiencias en otros puntos del país
Una de las primeras provincias en efectuar las fotomultas fue Misiones, donde hubo cuestionamientos y hasta intervención de la Justicia Federal. En abril del 2019 el magistrado Daniel Edgardo Alonso, declaró la inconstitucionalidad de las sanciones por exceso de velocidad en las rutas nacionales al considerar que tienen un fin “recaudatorio o fiscalista”.
En el mismo año, concejales denunciaron al intendente de San Martín (Mendoza), Jorge Giménez por esta modalidad de sanción. Fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos.
Fundamentaron que hubo irregularidades en el procedimiento y violación de la ley nacional de tránsito.
A comienzos de este mes, el diputado Nacional por Misiones, Alfredo Schiavoni presentó un proyecto de ley que busca modificar las fotomultas, a las que calificó de “mecanismo eficaz” de recaudación.
Criticó las sanciones por no “prevenir un siniestro vial” y aseguró que el objetivo de la iniciativa es “garantizar el derecho constitucional de defensa” y blindar un marco regulatorio común para desarmar las asimetrías que ocurren en varias provincias.
Días atrás, Clarín hizo un informe sobre este procedimiento según la información brindada por Vialidad Nacional.
Toda acta de infracción de una multa fotográfica debe incluir datos del municipio que la realizó; fecha exacta en la que fue cometida la presunta infracción (día, hora, mes y año) el lugar preciso (ruta y kilómetro); la velocidad máxima permitida y a la que presuntamente circulaba el vehículo; firma de la autoridad pública interviniente; matrícula habilitante del operador del radar; y datos el contacto del juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente.
A esto se suman los detalles del cinemómetro o radar utilizado para constatar la presunta falta: la marca, el modelo o código de aprobación, el N° de serie y el número de disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que autorizó la utilización de ese artefacto.
“Si la multa es por exceso de velocidad, debe mencionar con qué marca y modelo de radar se comprobó, con qué homologación ingresó. Y algo muy importante, que se omite en casi todas las provincias, es que debe figurar la fecha de la última calibración. Si no aparece ese dato, se puede objetar la multa porque el aparato pudo haber estado completamente descalibrado al momento de la constatación”, explicó Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam).