Así como lo lee. Se trata del Fiscal Adjunto de la Primera Circunscripción, Fernando Andrés Salas, quien irá a juicio oral el próximo año, imputado por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos en un contexto de violencia de género y en concurso real.
Así lo dispuso el pasado martes 17 la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper, al final de la audiencia de formulación de cargos.
Por delitos similares, y por reincidencia, en muchos casos a los imputados “sin coronita” se les dicta prisión preventiva y son destinados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras se sustancia la prueba. En nuestra provincia, no obstante, los hombres de leyes conservan ciertos privilegios y pueden continuar en funciones…
ANTECEDENTES
Salas desempeña sus funciones de manera remota y bajo monitoreo electrónico. Fue denunciado el año pasado por hechos de violencia que involucran tanto a su expareja como a sus hijas. Sin embargo, durante el proceso, se registraron nuevos episodios.
El fiscal Maximiliano Bazla Cassina ratificó el pedido de una condena de dos años de prisión en suspenso. Por otro lado, a pedido del abogado querellante, Santiago Calderón Salomón, la jueza decidió extender por tres meses más la prohibición de acercamiento y el uso de tobillera electrónica, al considerarse que existe un riesgo vigente en el caso.
Durante la investigación, se reunieron pruebas que evidencian “violencia psicológica, amenazas, agresiones verbales, hostigamiento, control y descalificaciones hacia su expareja y sus hijas”.
Cabe recordar que en agosto se había planteado una suspensión del juicio a prueba, bajo la condición de que Salas cumpliera ciertas medidas, incluida su internación en una clínica privada fuera de San Luis. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada debido a la oposición de la defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Cappiello, lo que motivó la decisión final de la jueza Dopazo Samper.
Tras finalizar Audiencia de Control de Acusación, la Procuración General de la Provincia informó la remisión de la causa contra el cuestionado fiscal Fernando Salas, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, “en virtud de las causales de remoción establecidas en los apartados III y V del artículo 22 de la Ley Nº VI-0478-2005”.
Tales causales son:
Inconducta: específicamente por la presunta comisión de actos inmorales o indecorosos que podrían generar descrédito público.
Comisión de delitos comunesy otras posibles causales que surjan de los hechos expuestos en la acusación fiscal.
La remisión al Jurado de Enjuiciamiento constituye un paso procesal clave en este tipo de casos, donde se evaluará la conducta y las responsabilidades del funcionario denunciado en el ejercicio de sus funciones.
Por sentido común, un fiscal procesado y en la mira del Jury, se supone que ya debería encontrarse suspendido en sus funciones. Pero no, en el mundillo judicial puntano nada es lo que parece ni se ajusta a la lógica.
Al día siguiente de conocerse la elevación de la causa a juicio oral, el Procurador General Luis Martinez dispuso que seguirá trabajando, durante la feria judicial. Cosa de locos, mire vea…
