Cadena del Interior

sábado 13 julio, 2024

ARA San Juan: investigan si el gobierno de Macri ocultó un informe de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para hallar al submarino

La causa judicial revela que la marina de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano una terminal sistema CENTRIX de cifrado de comunicaciones. Se intenta acreditar la razón por la cual la Argentina no autorizó la ayuda de Reino Unido para buscar los restos del submarino cuya posición ya habría estado establecida a 20 días de su desaparición.

Tres años después del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri, a través de su cadena de mando, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Para eso, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó la semana pasada al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafierolas comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

El punto determinado en el que implosionó el submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes según los informes incorporados a la causa. La zona recién se inspeccionó en profundidad un año después de la alerta. El dato se conoció a tan solo 20 días de su desaparición.

La justicia también quiere saber por qué razón el gobierno de Macri no acepto la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. La nave fue hallada un año después, el 18 de noviembre de 2018, por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.

Del expediente, que volvió a tomar impulso y trascendencia pública, surgen datos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo que la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar dónde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”, según consta en la causa.

La Argentina tiene una sola terminal y está instalada en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Por esa razón los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.

En la causa hay elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.

Por otro lado, y en lugar muy próximo a este, la supuesta posición de los restos del buque se habría logrado obtener por la triangulación de las mediciones de los hidrófonos operados en el Atlántico Norte y en el Índico por el organismo supranacional que supervisa las pruebas nucleares a partir de la supuesta “implosión” del navío.

Fueron ellos quienes le brindaron a la Armada Argentina la precisión de tiempo, distancia e intensidad de lo que definieron como un “evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión” ocurrida a las 10.55 del 15 de noviembre pasado, muy cerca del talud donde acaba la plataforma continental argentina.

”Esta es la sección A, la caleta de proa, tubos lanzatorpedos, se puede apreciar las dos líneas de tubos lanzatorpedos, sin las puertas externas. Acá lo que está desprendido, posiblemente esté en el área de escombros, es la sección de proa de libre circulación”

Fue el mismo día en que se perdió contacto con el submarino y desde el buque sus tripulantes habían enviado un mensaje alertando que habían tenido un principio de incendio en el sector de baterías. El dato invalorable, fue acercado a la Armada, que conducía el almirante Marcelo Srur, por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBO en sus siglas en inglés).

La información, que finalmente fue irrefutable, confirmó las peores presunciones: que el ARA San Juan había sufrido un evento cataclísmico en plena navegación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al nor-noreste de su último punto de contacto radiofónico y a más de 400 kilómetros de la costa patagónica, frente al golfo San Jorge, ya cerca del talud que marca el fin de la plataforma continental argentina.

El trágico anuncio cerró la puerta a la esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes.

La solicitud de Yañez a Cancillería sobre las comunicaciones cifradas entre los tres países es un hecho excepcional y no tiene antecedentes cercanos.

La medida es aleatoria a las responsabilidades que pudieron haber tenido la conducción de la Armada de la República Argentina (ARA) y los funcionarios políticos por haber permitido que un buque de guerra, que ya había presentado algunas fallas en el patrullaje de julio de 2017, fuese autorizado a zarpar de la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para, primero, realizar junto a la Flota de Mar el mayor ejercicio naval desplegado por la Armada desde 1983 en el sur de nuestro país; y de allí partir desde el puerto de Ushuaia, a patrullar el Mar Argentino para controlar la pesca ilegal y realizar tareas de inteligencia sobre las aeronaves y buques de Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

El personal de inteligencia, a bordo del San Juan, debía espiar a la marina británica según está acreditado en la causa. Tal como informó este medio, la “Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos” N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, el submarino ARA San Juan debía “obtener reconocimiento preciso” y “localización, identificación, registro fotográfico/fílmico” de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el “BP CFL HUNTER”, el “HMS CLYDE” y el “FPV PROTEGAT”.

¿Estaba en condiciones el submarino para realizar este tipo de operaciones y verificar si buques pesqueros extranjeros depredaban las riquezas de nuestro mar?